Santiago De Chile.- Pese a los esfuerzos del gobierno por frenar la violencia en la zona indígena del sur del país, los incidentes no se detienen y una agrupación mapuche radical declaró la guerra al estado chileno.

La Coordinadora Arauco-Malleco se responzabilizó de las últimas acciones violentas y advirtió que rompió “todo diálogo con la república de Chile y le declaramos la guerra”.

Varios dirigentes de esa agrupación están detenidos y algunos cumplen condenas por anteriores ataques a agricultores y a vehículos. Esta semana cinco de ellos fueron formalizados por una ley antiterrorista.

El gobierno calificó de “delirante” la declaración de guerra de la coordinadora.

Los mapuches, unos 650.000 en total, son la principal etnia del país y los que no han emigrado a las ciudades, principalmente a Santiago, viven en comunidades muy pobres que trabajan pequeños predios. Su principal reivindicación es la devolución de las tierras que les fueron arrebatadas durante la colonización, hace más de un siglo.

Mientras tanto, se mantiene la incertidumbre sobre la presunta muerte de un manifestante mapuche durante un enfrentamiento la madrugada del martes con policías que acudieron a reprimir un atentado con bombas incendiarias a un camión maderero.

Dirigentes mapuches informaron de la muerte de un comunero, pero sin identificarlo ni mostrar su cuerpo. Las autoridades tampoco han podido confirmar la versión.

Los mapuches se quejan de la violencia que emplearía la policía. La jefatura policial expulsó de las filas la víspera a un carabinero que fue mostrado en un video golpeando a un indígena que era llevado detenido por otros policías. Otro carabinero se encuentra procesado por la muerte de un joven mapuche hace unos meses.

El activista indigenista José Aylwin, hijo del ex presidente Patricio Aylwin, comentó que la acción represiva policial “alimenta la espiral de violencia”.

El gobierno no ha logrado impedir la acción de los grupos indígenas más radicales, pese a su anuncio que antes de concluir en marzo su gestión entregará otras 33.000 hectáreas a los mapuches. Y de que marginará de ese beneficio a los sectores identificados como violentos.

La Corte Suprema, en una inédita expresión pública, manifestó la víspera su preocupación por la escalada de violencia en la zona indígena.

El fiscal Francisco Ljubetic, de La Araucanía, como se denomina las provincias sureñas pobladas por mapuches, confirmó que dirigentes indígenas más radicales han estado en Colombia, presuntamente en contacto con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), donde “algún entrenamiento han tenido”.

José Santos Millao, dirigente nacional de la organización indígena Ad Mapu y consejero de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígenas, encargada de aplicar las políticas indígenas del gobierno, desmintió a la AP las acusaciones del fiscal y señaló que ellas buscan justificar una “mayor represión a mis hermanos”.

“Eso no ha ocurrido. El punto del entrenamiento de las FARC ha estado en tela de juicio hace tiempo, pero eso se descartó”, señaló.

Añadió que “lo que buscan es justificar plenamente la represión que está ocurriendo acá, que es brutal”.

El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, designado por la presidenta Michelle Bachelet para encargarse del “conflicto mapuche”, declaró el miércoles que los incidentes de violencia si bien son espectaculares, “son restringidos” y descartó la existencia en la zona de un grupo armado extranjero.