Ciudad de México.- Monterra Energy, propiedad de la firma estadounidense de fondos de inversión y capital de riesgo KKR, decidió demandar al Estado mexicano para recuperar el valor de su terminal de almacenamiento de combustibles en Tuxpan, Veracruz, cuyas instalaciones fueron cerradas por el Gobierno mexicano desde septiembre, reveló The Wall Street Journal (WSJ).

Los inversionistas de Monterra buscan 667 millones de dólares en compensación, más intereses y costos legales, de acuerdo con una notificación enviada por la empresa a la Secretaría de Economía (SE).

Sin embargo, es probable que cualquier acuerdo financiero que México se vea obligado a pagar empequeñezca el daño causado a la reputación del País como destino de capital, destacó el diario en la columna Las Américas, de Mary Anastasia O’Grady.

El WSJ indicó que los inversionistas de Monterra aún no están en los tribunales. Sólo han notificado a México su “intención de someter reclamaciones a arbitraje” en virtud del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), que establece que, hasta julio de 2023, las empresas que realizaron inversiones durante la vigencia del anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) disfrutan de derechos heredados de protección de inversiones.

El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador podría responder a la notificación restaurando los derechos de Monterra para operar sus instalaciones. Pero después de un periodo de reflexión de 90 días, la empresa puede acudir a un arbitraje ante un tribunal internacional.

Al leer el aviso de 17 páginas de los inversionistas, es difícil saber dónde termina la incompetencia de la burocracia y dónde toma el control el abuso del poder estatal para socavar el proyecto, destacó el Journal. La notificación sugiere que Monterra soportó una combinación de ambos antes de que México finalmente expropiara la propiedad en violación de los compromisos del País en el marco del TLCAN.

Los inversionistas denuncian que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) “hostigó” a la empresa local con solicitudes duplicadas y pretextuales de información y documentos que ya tenía. La compañía obedeció las órdenes redundantes.

Mientras tanto, dice que continuó la construcción de la terminal de almacenamiento, una empresa masiva de varias fases que llevó a cabo inversiones sustanciales y mantuvo informada a la CRE.

La notificación dice que las acusaciones de México de que la empresa no demostró que tenía los permisos y la documentación adecuados son demostrablemente falsas. Alega que “México no estaba interesado en la legalidad del producto almacenado en la terminal de almacenamiento, sino que su único objetivo era cerrarla para promover las políticas proteccionistas de México”.

La terminal fue cerrada por personal de la CRE y la Guardia Nacional en la madrugada del 13 al 14 de septiembre.

Consultada por Grupo REFORMA, la empresa confirmó la notificación sin ofrecer más detalles. Fuentes cercanas revelaron que el proceso legal cambiará de un juzgado de competencia a uno en materia económica.