Saltillo, Coah.-  Desde hace un año, Ficrea no ha hecho pagos de los 95 millones que todavía le debe al Poder Judicial de Coahuila. A cinco años de las denuncias y una década de que sucedieron los hechos, ninguno de los implicados ha sido sentenciado, aunque la Fiscalía Anticorrupción dice que hay avances.

En abril del 2021, la sindicatura para el pago de los acreedores víctimas de Ficrea, realizó el octavo depósito al Poder Judicial del Estado, con lo cual, le quedan por restituir 95 millones de pesos, de los 126.5 con los que fue defraudado, según declaró el magistrado presidente Miguel Mery Ayup.

Aunque se esperaba otro pago a mediados del año pasado y uno más en diciembre, esto no ocurrió. Y el 11 de enero de este 2022 la sindicatura para el pago de víctimas de Ficrea publicó:

“

Se hace del conocimiento de los acreedores que por el momento no se cuenta con la liquidez suficiente para hacer un pago a los acreedores, por lo que el suscrito se encuentra gestionando la venta y liberación de activos que nos permita realizar una nueva dispersión”. 

Ya se cumplió un año de que Coahuila no recibe pagos para restituirlos al Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, justo cuando se requieren recursos para la construcción de la Ciudad Judicial en Saltillo, para la cual necesitan alrededor de 100 millones de pesos, casi los mismos que le debe Ficrea.

Pero más aún, ninguno de los involucrados en el desfalco e ilegal uso de los recursos ha recibido castigo.

A los empleados que culparon fue al entonces oficial mayor,  al auditor interno y a la directora de Recursos Financieros, quienes ese mismo año renunciaron o fueron cesados de sus cargos.

Sobre el tema, el fiscal Anticorrupción, Jesús Flores Mier, informó a Zócalo Saltillo que existe una carpeta de investigación en trámite, y con respecto del Poder Judicial, actualmente se encuentran en trámite un total de 17 carpetas de investigación.   

En lo que respecta a cuantos y quienes fueron los funcionarios públicos denunciados, se negó a revelarlos.   

Ha pasado una década de los hechos cometidos entre el 2010 y el 2014, que fueron denunciados en el 2018, y ya pasaron por el Poder Judicial dos magistrados presidentes: Miriam Cárdenas Cantú y Miguel Mery Ayup.