Quintana Roo.- Un Juez federal ahora frenó temporalmente la construcción de la totalidad del tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, Quintana Roo.

El mes pasado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en Yucatán, concedió la suspensión provisional a la asociación civil “Defendiendo el Derecho a un Ambiente Sano” (DMAS) contra la continuación de los trabajos del sector sur de dicho tramo, que va de Playa del Carmen a Tulum.

Ahora, el mismo juzgador otorgó la suspensión provisional a dicha organización no gubernamental contra los trabajos de todo el tramo.

“ Se concede a DMAS AC la suspensión provisional para el efecto de que la Sedatu, Fonatur y Fonatur Tren Maya suspendan o paralicen cualquier acto que tenga como finalidad la continuación del Tramo Cinco del Proyecto Tren Maya, que abarca de Cancún a Tulum, Quintana Roo, de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material”, resolvió el Juez, según un comunicado de la OSC.

Pero la niegan para extracción

No obstante, ese mismo Juez rechazó suspender el proceso de expropiación de 776 hectáreas de terrenos privados en cuatro municipios de Quintana Roo, necesarios para las obras del Tren Maya.

Se trata de uno de al menos cinco amparos ya admitidos a trámite por este Juez, quien ha concedido tres suspensiones provisionales para detener las obras del Tramo 5 Sur del tren, de Playa del Carmen a Tulum.

La resolución notificada hoy, se refiere a dos declaratorias de utilidad pública, difundidas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) el 17 de enero y 22 de febrero.

La primera abarca 198 inmuebles privados con superficie de 241 hectáreas, mientras que la segunda, incluye 231 predios y 535 hectáreas.

Estas declaratorias fueron la fase inicial del procedimiento de expropiación, pues en ellas, se dieron quince días hábiles a los posibles afectados para comparecer ante las autoridades, y se autorizó la ocupación de los inmuebles previo convenio con los dueños, algunos de los cuales están de acuerdo con la medida.

En otras palabras, se trata de procedimientos que aún no terminan, pues está pendiente que el Ejecutivo federal emita los decretos de expropiación y se paguen las indemnizaciones.

“ Las declaratorias de utilidad pública que se reclaman tienen lugar dentro de un procedimiento de expropiación respecto de aquellos bienes inmuebles que se pretenden adquirir, los cuales son de propiedad privada”, explicó el Juez al negar la suspensión, aunque no publicó el resto de sus razonamientos.