Ciudad de México.- Radiomóvil Dipsa S.A. de C.V., propietaria de la marca comercial Telcel, consiguió librarse de posibles sanciones económicas aun cuando la autoridad halló elementos para demostrar que durante un periodo estimado de cuatro años y medio, entre finales de 2006 y principios de 2011, esa operadora incurrió en prácticas monopólicas relativas que significaron sobrecostos a nivel nacional para terceras compañías y también un intento de desplazamiento de estas en el negocio de la interconexión de llamadas.

En 2010, cuatro empresas que hacían parte del grupo de interés económico de Televisa denunciaron que Telcel imponía tarifas muy elevadas a las llamadas telefónicas fijas y móviles provenientes de las redes de terceros operadores y que terminaban en su red, conocidas en la industria de telecomunicaciones como tarifas “off-net”, y la hoy extinta Comisión Federal de Competencia (CFC) atendió la denuncia.

Esa autoridad, antecesora de la hoy Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), investigó y halló que Telcel incurrió en una práctica monopólica relativa prevista en la fracción XI del artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica del año 2006.

Pero la escasa capacidad de atribuciones para sancionar tanto de la CFC como de la también extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), más el hecho de que Telcel reconoció en mayo de 2011 haber incurrido en estas prácticas, animó a la CFC a aceptar que Telcel igualaría sus tarifas de terminación de llamadas para hacerlas más accesibles a terceros competidores y a mantener ese nivel de igualdad en los siguientes años.

Ahora, una década después, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por mandato de una autoridad judicial y con base en el principio jurídico non reformatio in peius, estudió, discutió y resolvió en su resolución P/IFT/040522/307 que no es posible sancionar a Telcel por la comisión de esas prácticas, dado que una autoridad anterior, la extinta CFC, ya había resuelto aceptar los compromisos de Telcel para no afectar a terceros y cerró el proceso desde entonces, por lo que no es posible imponerle hoy una multa económica.