Chilpancingo, México.- Activistas feministas de Guerrero exigieron que se lleve a cabo una evaluación de la estrategia para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres y matrimonios forzados en la Montaña, implementada por el Gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda puso en marcha.

“ Debe de haber una evaluación de esta estrategia en un sentido crítico para saber si funcionó, está funcionando o que más falta por hacer porque de nada sirve que se esté trabajando sino se está atendiendo esta problemática que son los matrimonios forzados o venta de niñas”, señaló Angie de la Rosa Palafox, integrante de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres.

El 10 de noviembre del 2021, después de varias semanas de que la morenista Evelyn Salgado Pineda asumió el cargo de Gobernadora, arrancó la estrategia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en la Montaña.

De esa fecha hasta lo que va de este 2022, se han registrado varios casos de matrimonios forzados de niñas.

El caso más reciente es de Ema, de 13 años de edad, que después de que fue obligada a casarse, fue explotada por sus suegros en los campos agrícolas en el Estado de Jalisco, regresó a Cochoapa el Grande, se escapó y el pasado 28 de abril la suegra la encarceló para exigirle la devolución de los 160 mil pesos que pagó por ella a su tío y abuelo.

De la Rosa Palafox señaló que aunque su organización no fue tomada en cuenta para integrar el Comité Técnico Interinstitucional, ellas como activistas feministas independientes están pendientes y generando desde sus espacios la exigencia de que se garanticen los derechos de las niñas y de las adolescentes a vivir libres de violencia.

“ Estamos exigiendo que estos matrimonios forzados se erradiquen, pero sobre todo que haya una prevención por parte del Estado”, afirmó la abogada y activista feminista.

Insistió en que no es solo el hecho del matrimonio forzado, sino también la violación de los derechos de las niñas que va mucho más allá de su compra-venta.

“ A los padres, familiares, se les otorga una cierta cantidad de dinero o algunos objetos e incluso animales a cambio de esta unión forzada por parte de una menor de edad”, expresó.

En entrevista telefónica, la activista reconoció que esta práctica que sigue vigente en comunidades de las regiones de la Montaña y Costa Chica no se va a erradicar en seis meses porque esto es una práctica de usos y costumbres, pero que vulnera los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

Consideró que uno de los posibles obstáculos por el que está fallando esta estrategia es la falta de presupuesto e infraestructura por parte del Gobierno estatal.

“ Es difícil llegar a las comunidades más recónditos de la Montaña porque aquí ni siquiera están garantizados los servicios más especiales para las mujeres”, aseveró.

Planteó que una de las medidas preventivas que debe de impulsar el Gobierno para erradicar estas prácticas discriminatorias hacia la mujer es la prevención y sensibilización.

Por su lado, Marina Reyna Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres, dijo que ojalá la estrategia no sea solo en esta Administración.

“ Tenemos la experiencia que muchos programas son sexenales y no hay una continuidad”, aseveró.

Mencionó que es necesario cambiar esas tradiciones de usos y costumbres que significan un pretexto para violar los derechos de las mujeres y niñas.

Reyna Aguilar también consideró necesario que se evalué la estrategia que las instituciones gubernamentales, entre ellas la Secretaría de la Mujer, están implementando para prevenir y erradicar la violencia de género.

Reconoció que extirpar de raíz estas prácticas no será tan fácil y que será un proceso difícil, pero que confía en la voluntad de las autoridades.

Violencia y pobreza viven las mujeres de la Montaña

Pobreza, violencia intrafamiliar, secuestro, aumento de feminicidio y falta de justicia son los problemas que siguen enfrentando las mujeres en la región de la Montaña, señala en un informe que presentó este viernes el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El evento que fue convocado en Tlapa por la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino Girón, fue para analizar los avances y retos para la erradicación de las uniones tempranas forzadas.

En el informe que presentó Tlachinollan, señala que en los municipios de esta región hay un incremento de asesinatos de niñas indígenas, secuestros a mujeres y niñas indígenas, violaciones sexuales y víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Se denunció que las agencias del Ministerio Público de la Montaña se han convertido en centros de negociaciones de los matrimonios forzados de niñas.

Además de que las agencias de delitos sexuales no dan credibilidad a los dichos de las víctimas y alientan acuerdos en favor del esposo.

En las decisiones que toman los jueces de control no toman en cuenta el contexto regional de violencia que padecen las mujeres y juzgan sin perspectiva de género, agrega el informe de Tlachinollan.

Al evento llegó Nadine Gasman Zylberman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. La presidenta del DIF estatal, Liz Salgado Pineda y la representante en México de la ONU-Mujeres, Belem Sanz Luque, no estuvieron presentes.

En entrevista, Abel Barrera Hernández, director ejecutivo de este organización civil, aseguró que los matrimonios forzados a edad temprana no han disminuido.

“ Se siguen registrando muchos casos (de matrimonios forzados) no solamente en las comunidades de Cochoapa el Grande, sino en otros municipios de la Montaña y la inacción del Gobierno es insólita”, agregó.

“ No solamente los matrimonios no han bajado, también los feminicidios, violaciones sexuales contra las mujeres y la justicia e impunidad siguen vigentes”, aseguró.