Monclova, Coah.- En el litigio que enfrenta en el Juzgado Federal por violentar un proceso de amparo, el alcalde de Frontera, Roberto Piña contrató un despacho externo de abogados al cual le pagará honorarios y viáticos con recursos del erario pese a que el municipio tiene sus propios jurídicos, pero ni con eso el Edil contestó ante esa autoridad las imputaciones, manifestó el abogado Rodolfo Guerra.

El litigante añadió que el artículo 208 de la Ley de Amparo establece que cuando la autoridad responsable se niega a informar al Juzgado de Distrito, como en este caso lo hizo Roberto Piña, entonces se dan por aceptados y admitidos los hechos. Puntualizó que el bufete jurídico es de San Pedro de las Colonias, por lo que lastimará aún más las finanzas del erario.

Es por eso, expresó el profesionista, “que esperamos que la audiencia del próximo 27 de septiembre se lleve a cabo en el Juzgado Cuarto de Distrito únicamente para que la autoridad reinstale al presidente de la Cámara de Comercio de Frontera, César Chávez Ramón como consejero del Simas, y sancione severamente al alcalde Roberto Piña por desacato”.

Rodolfo Guerra, explicó que el incidente 644/2022 contra Roberto Piña se promovió porque por arrogancia desobedeció dos ordenamientos del Juzgado Federal de suspender provisional y luego definitivamente la ilegal destitución que hizo contra César Chávez como consejero del Simas ya que no tiene facultades como alcalde, ni tampoco el cabildo de Frontera.

“ “El honorable alcalde Roberto Piña porque ya es honorable y no cualquier persona, no contestó el requerimiento del Juzgado de informar por qué no obedeció las órdenes contenidas en las suspensiones definitiva y provisional dictadas a favor de César Chávez para que retomara el cargo de consejero en Simas”, externó.

La Ley de Amparo establece amonestación, multa hasta 500 salarios mínimos, destitución del cargo, y proceso penal dando vista a la Fiscalía General de la República por desacato, lo cual se sabría en la audiencia del próximo 27 de septiembre.

Rodolfo Guerra, manifestó que la población cuestiona cuál es el interés de Roberto Piña de tener en el Simas a un consejero de la CMIC, como para que le esté invirtiendo dinero del erario a un asunto ajeno al Ayuntamiento