Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) se desistió de otras cinco órdenes de aprehensión que habían sido libradas contra cinco ex funcionarios estatales de Guerrero, apenas el pasado 19 de agosto, entre ellas las del ex Procurador Iñaky Blanco Cabrera y la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín.

También retiró los mandamientos de captura contra José Ulises Bernabé García, ex juez de barandilla en Iguala; Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, el primero técnico en mantenimiento y soporte de cómputo y el otro programador analista, ambos del TSJG.

De acuerdo con información del Gobierno federal, la FGR solicitó por escrito a Enrique Beltrán Santés, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales, de los mandamientos de captura en favor de los ex funcionarios estatales.

Del total de 83 órdenes de aprehensión que giró el juez Beltrán el pasado 19 de agosto, la FGR ya se ha desistido de un total de 21, pues también retiró las capturas contra 16 militares de los 27 y 41 Batallones de Infantería, que estaban prófugos por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

Es decir, la Fiscalía hasta el momento se ha arrepentido de haber presentado cargos criminales contra la cuarta parte de los acusados en la causa penal 15/2022, el último expediente que llevó ante los tribunales por el caso Iguala.

En el caso de los ex servidores públicos estatales, la aprehensión contra el ex Procurador Iñaky Blanco fue girada por el delito de delincuencia organizada y se basó esencialmente en los dichos del testigo protegido “Juan”, quien asegura que pagaba sobornos de 50 mil dólares mensuales al ex fiscal por la protección al grupo criminal Guerreros Unidos.

Con relación a la magistrada Lambertina Galeana y los dos técnicos en sistemas del TSJG, las capturas fueron libradas por el juez por delitos contra la administración de la justicia y desaparición forzada de personas.

Los hechos que les reprocharon son la pérdida o posible ocultamiento de los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.

En el caso de José Ulises Bernabé García, quien era el juez de barandilla que estaba en guardia en la comandancia de la Policía Municipal de Iguala, su aprehensión había sido autorizada por el delito de desaparición forzada.

Según las autoridades, Bernabé es quien recibió en barandilla a los estudiantes que habían sido detenidos por la Policía, la noche del 26 de septiembre de 2014, aunque él negó en su momento la imputación.

El ex funcionario huyó a Estados Unidos, donde tramitó el asilo político.

Omiten acusación contra General

La acusación que hizo el subsecretario de Gobierno, Alejandro Encinas, contra el General Brigadier José Rodríguez Pérez, de haber ordenado la ejecución de 6 de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no existe en el expediente que la FGR consignó en su contra. Grupo REFORMA pudo constatar que en el expediente presentado por la Fiscalía al juez federal Enrique Beltrán Santés, no hay ningún testigo o declarante que implique al General en el homicidio de esos estudiantes, tampoco ninguna otra prueba documental o de comunicaciones privadas de la que se desprenda ese señalamiento.

En la causa penal 15/2022, el testigo protegido “Juan” señala de manera aislada al General de proteger las operaciones del grupo criminal Guerreros Unidos y de incluso haber detenido y liberado a uno de sus líderes, Mario Casarrubias Salgado, quien falleció en prisión por Covid-19 el 26 de julio de 2021.

“ Rodríguez, de rango Coronel, del 27 Batallón, que realizaban actividades a favor del grupo delictivo, como aquel que detienen al alias ‘El Huaraches”, donde a él lo detienen y dejan en libertad a Mario Casarrubias Salgado, otros en el que ellos ayudaban a transportar armas y droga, pues nadie los paraba en carretera”, declaró el testigo.

Pero en la rueda de prensa del pasado 26 de agosto, Encinas dijo otra cosa que no obra en esta investigación de la FGR.

“ Hay la información, corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes estuvieron retenidos durante varios días y con vida en lo que llaman ‘la bodega vieja’ y de ahí fueron entregados al coronel”, informó.

En aquella ocasión, el subsecretario dijo que después de los hechos violentos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, los seis normalistas referidos permanecieron con vida cuatro días.

Después fueron entregaron al entonces Coronel Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería, quien habría ordenado la ejecución múltiple.

Encinas también dio a conocer un diagrama de análisis de los mensajes que intercambiaron los actores involucrados en los hechos.

Supuestamente, el Coronel coordinaba y daba órdenes a David Hernández Cruz “El Chino”, bombero de Iguala y sicario de Guerreros Unidos.

Según fuentes federales, la FGR no tenía conocimiento de la existencia de esas pruebas el día en que Encinas hizo públicas las acusaciones contra el General.

Una fuente conocedora del caso, que pidió no ser identificada, mencionó que las afirmaciones del subsecretario se basan en unos chats de los que hasta el momento tampoco existe una certeza científica, porque sólo se han ofrecido “pantallazos” y la FGR tampoco tiene en sus manos el aparato telefónico que contiene dichas conversaciones para practicarle un peritaje.

Falla el plan militar contra estudiantes

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al General Brigadier José Rodríguez Pérez, ex jefe del 27 Batallón de Infantería en Iguala, de haber desplegado la noche del 26 de septiembre de 2014 a una veintena de sus subordinados, por órdenes de Guerreros Unidos, para que se llevaran a los estudiantes que estaban en el Hospital Cristina, pero no lograron su cometido.

Supuestamente, los militares elegidos para esa tarea fueron el Coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería, y los soldados de Infantería Ramiro Manzanares Sanabria, Juan Sotelo Díaz, Eloy Estrada Díaz, Enrique Martínez Chávez, y los cabos Roberto de los Santos Eduviges y Santiago Muñoz Pilo.

“ Todos y cada uno de ellos fueron elegidos para llevarse a los estudiantes que se encontraban en el Hospital Cristina, como se puede observar del documento ‘Fatiga que manifiesta al personal de tropa que desempeñaba el servicio de guardia en prevención en la fecha’ y ‘rol de servicios’ que no justifican la presencia de los elementos militares en la conducta que se les atribuye”, afirma Tania Villa Matías, fiscal de la FGR, en el expediente presentado ante el juez.

“ Sin embargo, al existir testigos perfectamente identificados, que darían cuenta de su acto, es que deciden retirarse, regresando posteriormente para dar cumplimiento cabal a la orden de ‘pártanles su madre’, pero ya se habían retirado los estudiantes resguardados en el referido nosocomio”.

A pesar de este señalamiento, el mando castrense no está acusado del delito de desaparición forzada ni de homicidio, sólo de delincuencia organizada, porque supuestamente estaba al servicio del grupo delictivo.

Cuando el General declaró ante la FGR, dijo que él había enviado al Capitán Martínez Crespo a verificar si era cierto que en el hospital estaban varios de los normalistas heridos de bala.

Agregó que enseguida ordenó al Capitán trasladarse a Periférico Norte y Juan N. Álvarez, donde había dos cadáveres. El General le pidió que regresara al nosocomio para resguardar a los estudiantes. Al llegar, los normalistas ya no estaban.

La Fiscalía, sin embargo, asume otra versión de los hechos narrados por el hoy preso en el Campo Militar Número 1.

Dice que aquella noche Rodríguez, entonces jefe del Batallón, ordenó a sus subordinados, por indicaciones de Guerreros Unidos, salir a la calle para reportar la situación.

En su acusación original, la responsable de la investigación tomó en cuenta los testimonios de varios de los estudiantes sobrevivientes, identificados con nombres claves en la averiguación previa.

La fiscal Tania Villa Matías asegura que aquella noche los soldados no sólo no ayudaron a los estudiantes ante la agresión de los municipales y criminales, sino que de forma prepotente los amagaron con llamar a la policía “para que se los llevaran”.