A nadie interesa lo que sucede puertas adentro del Congreso del Estado de Coahuila. Salvo algún punto de acuerdo medianamente polémico, de coyuntura política, o algún posicionamiento estridente a grito pelado de Rodolfo Walss en tribuna, o alguna proposición kafkiana como evitar la sobrepoblación de moscas (presentada por una diputada de Morena en agosto pasado, no es broma), la Legislatura transcurre cual paseo de ovejas debido a la conformación mayoritaria actual (y esto es discutible, ya que durante la Legislatura anterior, en apariencia más plural y competitiva, el debate y la polémica terminó la tercera quincena; a partir de ahí todos quietos).

No por ello los diputados locales están exentos de incongruencias en su función. Especialmente la fracción parlamentaria de Morena, conformada por cinco curules. Explico por qué.

La iniciativa de Reforma Política-Electoral presentada por la Presidencia de la República en abril de este año, y que será discutida en próximos días como parte de la agenda legislativa, incluye además de la manzana envenenada que significa “suprimir al INE”, o sinrazones como elegir consejeros y magistrados electorales por voto directo de los ciudadanos, un apartado sobre “Gobierno de Coalición”.

Es de sus principales cartas. Incluso podría considerarse un tema principal del documento. Mediante esta figura, el Presidente de la República podrá constituir, en cualquier momento de su

Mandato, una alianza con una o varias de las fuerzas políticas con representación en el Congreso de la Unión para conformar una mayoría legislativa estable, la cual ratifique un programa de gobierno que contenga los puntos coincidentes, una agenda legislativa que lo soporte, y un gabinete que lo ejecute.

Es el futuro, proyectando que difícilmente un solo partido obtendrá nuevamente todo el pastel como sucedió de 2018 a 2021.

Dicho “Gobierno de Coalición”, cabe señalar, se regularía por un convenio que deberá ser aprobado por el Senado. Y en la Exposición de Motivos de la iniciativa se menciona que dicha modificación al régimen político “contribuye a que México cuente con un diseño institucional que fomente una mayor interacción y corresponsabilidad entre poderes con acuerdos públicos y transparentes”.

Como el pacto por México, pues, pero elevado a rango constitucional. O sea independiente de las circunstancias.

Hasta aquí suena moderno y sensato. Progresista. Democrático. Cosa extraña viniendo de quien viene.

Ahora bien, el pasado martes 8 de noviembre, a propuesta de las legisladoras del PAN y con el respaldo del PRI, UDC y Partido Verde, se agregó a la Constitución Política del Estado de Coahuila, en su Artículo 82, un párrafo que incorpora el “Gobierno de Coalición” y una ley secundaria para regularlo. Entre las diferencias con la referida propuesta de Morena-4T destaca que Coahuila podrá coaligar varios partidos políticos aunque no tengan estos representantes en el Poder Legislativo, y el convenio constitutivo deberá ser aprobado por el Congreso Local.

Prácticamente lo mismo, pues. Y se podría estrenar a partir de 2023, con el próximo Gobierno estatal y la nueva Legislatura.

La cuestión es que dicha reforma fue votada en contra por Laura Aguilar, Lizbeth Ogazón, Francisco Javier Cortez, Rodolfo Walss y Teresa de Jesús Meraz. Todos los diputados locales de Morena. Así, sin ofrecer mayores motivos.

Entonces cabría preguntarse: ¿Por qué la propuesta del Presidente sería de trascendental importancia para la patria en el plano nacional, pero en Coahuila una exactamente igual se rechaza por sus representantes?

O somos o no somos. Cuál es la diferencia si se trata esencialmente de lo mismo.

Cortita y al pie

Sucedió también en la Cámara de Diputados a propósito del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023 que se aprobó la semana pasada, tras cuatro días de discusión.

Sin moverle una coma, esto en relación a como fue presentado por el Presidente de la República vía la Secretaría de Hacienda, sin escuchar a los grupos parlamentarios, sus razones ni sus argumentos, el bloque de Morena y aliados “mayoriteó” las votaciones, desestimando 2 mil 261 reservas para modificarlo, es decir, contrapropuestas, algunas juiciosas que enmendaban la plana al despropósito de repartición del gasto público que, como analizó el periódico Reforma, castiga entidades no gobernadas por Morena, como Estado de México (PRI), Guanajuato (PAN), Jalisco (Movimiento Ciudadano), Nuevo León (MC) y Coahuila.

En contraparte, premia Campeche, Tabasco, Colima y la CDMX. Todas gobernadas por Morena.

En resumen: donde se pretende aparentar fuerza y unidad, en realidad se demuestra intransigencia y sectarismo. Y el espíritu parlamentario de pluralidad y diversidad retrocede una casilla.

La última y nos vamos

Candil de la calle, oscuridad de la casa. El doble rasero de Morena en Coahuila. No les interesa el contenido, sino la confrontación. Un asunto de negación. La política del no porque sí.