Ciudad de México.-El Gobierno de México tiene la posibilidad de atraer inversiones ante el fenómeno de la relocalización industrial (nearshoring), pero, por otro lado, envía iniciativas legales que generan incertidumbre a la inversión, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Es paradójico que, a pesar de la gestión mayoritariamente deficiente de la economía, las circunstancias geopolíticas globales han situado a México, potencialmente, en la mejor posición económica y geopolítica, señaló el CEESP, con las mejores oportunidades de las tendencias de nearshoring y friendshoring, es decir, la relocalización a países amistosos.

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Dada la situación actual de la economía y los riesgos que se prevén para los años por venir, la relocalización presenta la mejor oportunidad, si no es que la única, para alcanzar un crecimiento sostenible significativo que permita lograr un mayor bienestar para la población”, destacó el centro en su Análisis Económico Ejecutivo semanal.

Para que al país aproveche plenamente la oportunidad de la relocalización, se deben llevar a cabo políticas públicas que generen las condiciones generales propicias para el florecimiento orgánico de la inversión, dijo el CEESP.

Asimismo, hay que aprovechar la oportunidad para que esa inversión incluya un valor agregado nacional más elevado que en el pasado y que más proveedores nacionales se integren a las cadenas de suministro de la exportación.

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Asimismo, se han sugerido formas en las que el sector privado puede colaborar en el aprovechamiento de las oportunidades que se avizoran”, destacó.

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Obviamente, la materialización de la gran oportunidad de la relocalización inicia con la concreción efectiva de las inversiones. Un elemento necesario para ello es la actitud del Gobierno ante los inversionistas potenciales”.

El CEESP recordó que hace una semana expresó que la operación de compra de varias plantas de generación eléctrica de Iberdrola era una mala señal para la inversión, además de ser una operación sin mayor sentido para la economía.

Sin embargo, recalcó, el mensaje negativo hacia la inversión se repite en las iniciativas enviadas recientemente por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión, buscando la modificación de la Ley Minera y diversos cambios a disposiciones en materia administrativa.

Esa iniciativa relativa a disposiciones en materia administrativa reforma 23 leyes, con lo que se amplía la discrecionalidad de la autoridad en detrimento de la seguridad jurídica de los particulares y de la certeza para la inversión, al generar incertidumbre total en los contratos con el gobierno, cuando muchas inversiones dependen crucialmente de ellos, dijo el CEESP.