El que con leche se quema, hasta al jocoque le sopla. Por ello no es ocioso alertar de un negocio en ciernes que se proyecta en la Región Carbonífera de Coahuila con cargo al erario de un municipio, el de siempre: Múzquiz.

El pasado 19 de junio llegó a la Oficialía Mayor del Congreso del Estado un oficio firmado por la Alcaldesa de Morena en Múzquiz, Tania Vanessa Flores Guerra, para “someter a consideración” de la Legislatura un “proyecto de modernización tecnológica y operativa del sistema de alumbrado público municipal”.

Hasta aquí no habría inconveniente alguno en la comunicación entre dos entes públicos, y mucho menos por el contenido del documento, de no ser porque la idea supone desembolsar hasta 552 millones de pesos en un contrato a 20 años.

Se trata, básicamente, de inversión particular en su totalidad que se pagará posteriormente con el gasto corriente del Municipio a través del modelo de asociaciones público privadas. No de un proveedor contratado y deuda soportada con participaciones, sino utilizando un esquema que puede representar beneficios pero también inconvenientes, como la nula transparencia.

Aquí la pregunta fundamental es quién sería el hipotético “valiente” dispuesto a invertir y convertirse en prestador del servicio, inicialmente a cambio de “nada”.

¿La ya famosa “empresa” Servicios y Minerales Guel, por ejemplo? ¿Acaso Minerales Don Chilo, El Volcán Consorcio RC, Minerales Amarani, Coal de Sabinas, Consorcio Oasis Minería y Transporte, Minera Flores de la Carbonífera, Comercializadora Isbrava, Inmobiliaria FG de Múzquiz, AFG Ganadería, San Isidro Gasolineras, o Minerales Marsan?

Todas las sociedades anteriores de la familia Flores Guerra, por supuesto.

Y lo más importante: ¿por qué debería autorizar el Poder Legislativo un trato de tal naturaleza con los antecedentes de corrupción que arrastra la Administración municipal, ampliamente difundidos en este espacio?

El asunto fue turnado a la Comisión de Finanzas aunque la lógica indica que antes de “socializarlo” debe haber acuerdo de antemano del Municipio con un tercero interesado.

Los usos y costumbres del poder indican que una operación así se formaliza el último año de gestión, semanas antes de concluir ésta. Si bien en este caso se pretende realizar justo a la mitad del trienio, no hay que perder de vista la coyuntura de la elección de ayuntamientos en 2024, ya que cada negociación a largo plazo es una ventana de oportunidad para recibir canonjías debajo de la mesa. Está en el “manual no escrito de la administración pública municipal”. Aplicar la clásica, la básica: el alumbrado público. Históricamente, una de las acciones que mayor margen de ganancia deja para un Alcalde.

Y lo más importante: los números. Son 2 millones 300 mil pesos al mes, más intereses y accesorios, lo cual supone 27 millones 600 mil pesos al año. Cifra que representa 13% del presupuesto anual, estimado en 212 millones de pesos durante 2022.

Significa dejar comprometidas las finanzas por 20 años.

Cortita y al pie

No es la primera vez que ocurre algo así. El 6 de diciembre de 2017, a escasos 25 días de concluir el cuatrienio encabezado por Evaristo Lenin Pérez Rivera, de UDC, el Ayuntamiento de Ciudad Acuña concesionó el alumbrado público por 20 años a la empresa NL Technologies, S.A. de C.V. (demandada múltiples veces por incumplimiento en otros estados) y comprometió las finanzas por 856 millones 105 mil pesos.

También lo han hecho Saltillo y Torreón en los últimos años. Ramos Arizpe y Francisco I. Madero, ambos priistas en el periodo 2014-2017, comprometieron el alumbrado público durante la gestión de Ricardo Aguirre y David Flores Lavenant, respectivamente. Ambos por dos décadas y también con NL Technologies, S.A. de C.V.

En 2019 se sumó Allende a la lista de quienes claudican y entregan sus lámparas a un particular, al votar en sesión de Cabildo un contrato de concesión por 12 años y un monto de 32 millones 199 mil 212 pesos (más intereses y accesorios financieros). San Juan de Sabinas lo intentó sin éxito antes de acabar el trienio en 2021.

¿Qué fue primero: el empobrecimiento de los municipios de Coahuila, o la comodidad de sus Ayuntamientos para concesionar un servicio que ya no pueden -o no quieren- administrar porque les queda grande?

El tema no es menor: se trata de la renuncia (o la incapacidad, o ambas) para proveer un servicio público básico que por obligación constitucional deben brindar. Y el jugoso negocio que deriva de lo anterior.

La última y nos vamos

Mientras tanto los Flores Guerra se frotan las manos. Si ya sabemos cómo son, para qué los dejamos solos.