POR: JOSÉ ANTONIO CRESPO

Finalmente, y con bastante tardanza, la coalición opositora se puso de acuerdo en el método para elegir al líder de un Frente Amplio que podría ser confirmado más tarde como candidato presidencial.

No era sencillo, pues ante un mosaico de visiones, características e intereses distintos es complicado llegar a acuerdos. Participaron varias organizaciones de la sociedad civil que los partidos aceptaron como interlocutores válidos, e hicieron propuestas, varias reticentes a los partidos, y lograron convencerlos de incorporarlas de alguna forma, como la participación directa de ciudadanos en la consulta (lo que dará legitimidad al proceso y al ganador).

Desde fuera se pueden ver insuficiencias y problemas, pues no hay modelo perfecto ni que dé gusto a todos, pero se logró mucho más que el punto de partida de hace año y medio.

Oigo y leo a colegas analistas y conductores que critican el método incluso con mayor severidad que al de Morena, sin haberse enterado la gran dificultad que implicó llegar a esto, frente a probabilidades muy bajas para ello, en medio de fuertes desacuerdos (técnicos y políticos) y resistencias.

Pero si todo sale bien (podría no ocurrir) sentará un importante precedente de participación ciudadana en la selección de candidatos en los partidos (que idealmente quedará regulado en la ley y los estatutos partidarios). Y puede inyectar gran legitimidad al eventual candidato que lo hará en principio más competitivo.

Viene por supuesto la crítica de que aquí también se están violando los tiempos señalados por la ley, presuntamente igualando las irregularidades de Morena.

Yo no estoy de acuerdo con esa parte de la ley (que seguramente será cambiada en la siguiente reforma electoral) pero es lo que hay y recordemos que ahí llegó por presión del obradorismo en 2006 y 2012. Pero ahora les estorba.

Creo que el INE y el TEPJ debieron ser más estrictos, pero eso implicaba una confrontación directa con un Presidente a quien la ley y la estabilidad le importan un comino. Por lo cual validaron el proceso bajo ciertas condiciones (que Morena ya está también violentando).

Sin embargo, hay diferencias; la figura del frente partidista existe en la ley, y no tiene tiempos definidos, a diferencia del “Coordinador para la defensa de la 4 T” que no existe ni en los estatutos de Morena. Enseguida, si el Frente Opositor cumple con las condiciones establecidas por el INE y el TEPJF, no habrá incurrido en faltas legales.

De ahí mi consejo de que los prospectos opositores no incurran en propaganda cara, pagada con quién sabe qué recursos (monto y origen), para claramente diferenciarse legalmente de sus adversarios. De aquí a la consulta de septiembre les bastarán las entrevistas en medios y los debates (que en Morena no habrá pues ahí se trata de “callar y obedecer”). Ya después, en los tiempos legales, podrán desplegar toda la propaganda legalmente permitida.

Desde luego, hay preocupaciones como la injerencia de morenistas en el proceso abierto, que los técnicos de la plataforma dicen que es manejable al grado en que no haga daño.

Está también el riesgo de que el PRI, con sus 2 millones y pico de militantes, incida en la consulta frente a los 200 mil panistas. De ahí la importancia de que la participación masiva de ciudadanos apartidistas, que si de verdad buscan una nueva alternancia democrática, será la mejor forma de ayudar e impulsarla antes de la contienda misma del 2024.

Pero por eso también la consulta directa se acompaña con varias encuestas representativas, con 50% de valor a cada ejercicio.

El Órgano Consultor Electoral (o cómo se vaya a llamar) tendrá que contemplar un mecanismo en caso de que la consulta directa arroje a un ganador distinto del que surja de las encuestas, pues acá no habrá dedazo (la más reciente mentira de AMLO, pues el ganso cree que todos son de su condición). Sería mejor tener claro el criterio y el mecanismo para resolver esa eventualidad.