“Tú no puedes permanecer neutral; vendrás y tomarás el partido de los oprimidos, porque sabes que lo bello y lo sublime está del lado de aquellos que luchan por la luz, por la humanidad, por la justicia.”  Kropotkin.

De nuevo otro derrumbe y con él, la tragedia doble que se agrega a la cifra de más de tres mil muertes que han convertido a la muerte en la Región Carbonífera de Coahuila en una costumbre laboral.

Coahuila es un Estado minero. Sin embargo, desde las minas de la Trinidad en 1577 hasta la caravana de hambre de Nueva Rosita, la tragedia de Pasta de Conchos y las más recientes ocurridas en Pinabete y ahora en Mezquite de Sabinas han sido el retrato de la explotación por parte de las empresas extractoras.

La Comisión Coordinadora Nacional de Protección Civil se aprestó a confirmar que fueron recuperados los cuerpos de dos trabajadores.

El accidente se debió al deplorable estado en el que se encontraba el paupérrimo ascensor, lo que nos hace recordar que esta actividad está en manos de empresarios voraces cuyo único fin es el lucro. Si bien, el Gobierno de la República ha sostenido que el propósito de mantener la generación de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles es el beneficio social que esta trae al Estado de Coahuila y si esto es así, y si es verdad, aunque sea por una vez necesitamos revisar de manera profunda la organización de la minería de carbón que sólo beneficia a los patrones quienes mantienen en una condición semi feudal a los trabajadores.

Esta situación irregular no sólo es responsabilidad de la ambición de los propietarios de las minas sino también de los indolentes funcionarios federales que no han atendido una tarea que requiere la coordinación entre el consumidor, Comisión Federal de Electricidad y la autoridad obligada a revisar que es la Secretaría del Trabajo.

En este caso la primera entregó contratos por más de 100 millones a la misma empresa a la que la segunda había considerado restringir por no contar con las condiciones mínimas de seguridad en sus operaciones.

Urge la creación de una visitaduría social que permita a las familias de los trabajadores mineros comprobar las condiciones en las que se trabaja para confirmar que estas cuentan con cada una de las medidas de seguridad establecidas por la ley.

Reconocer como coadyuvante en estas tareas a la asociación Familia Pasta de Conchos.

Proponer a la Comisión Federal de Electricidad un nuevo esquema de organización de la compra del carbón donde se fomente la constitución de sociedades cooperativas de producción que justifiquen el uso de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica con un contenido social y erradiquemos por siempre a los empresarios que se han hecho ricos con la sangre de nuestros mineros.

Todas y cada una de las compañías mineras están manchadas del sudor y la sangre de los trabajadores.

Nunca más otra tragedia debida a la ambición de los patrones.

Basta ya del carbón de sangre.