El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), presentaron en un lapso de dos semanas la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en Hogares y el informe 2020-2022.

Ambos arrojan resultados positivos, pues el ingreso aumentó un 11% y la pobreza registró una disminución del 7.6%, cifra equivalente a 8.9 millones de personas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó desde un principio la inversión social bajo la bandera de “primero los pobres”. La derecha y los grupos de interés impugnan esa política por “populista” y ociosa.

Sin embargo, para decepción de los detractores de la 4T, la estrategia ha funcionado. El número de pobres se redujo y la situación de los hogares de deciles más bajos mejoró con respecto a los últimos reportes.

En contraposición, la falta de acceso a los servicios de salud y el rezago educativo aumentaron en los dos últimos años, advierte el Coneval. El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), lanzado por el presidente López Obrador el 1 de enero de 2020, en sustitución del Seguro Popular, es uno de los mayores fracasos de su Gobierno.

En abril pasado el Insabi se integró al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La promesa de dotar al país de un sistema de salud tipo Dinamarca afrontó múltiples obstáculos: desde la improvisación y la incompetencia de la Administración para reformar el modelo existente, hasta la oposición de intereses poderosos como el de las farmacéuticas, algunas coludidas con políticos, sin omitir las limitaciones presupuestarias.

México no invierte en el sector ni la mitad del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Para abatir rezagos históricos en educación, salud y bienestar social es inaplazable una reforma fiscal integral y con visión de futuro.

Los avances en los ingresos de hogares y en la reducción de la pobreza –objetivo de todo Gobierno– obedecen a la combinación de una serie de factores. Destacan las transferencias sociales, sin las cuales 3.5 millones de personas no habrían abandonado la condición de necesitados y otras 2.4 millones aún vivirían en pobreza extrema.

Frente a las transferencias y las remesas (17.2%), la mejoría principal proviene del ingreso del trabajo (65.7%). Otro elemento clave lo constituye el incremento real de los salarios.

El tabú según el cual elevar las retribuciones por encima de la inflación provocaría escaladas de precios mas no desigualdad, quedó hecho añicos.

La política de austeridad y medidas como la eficiencia recaudatoria (35% mayor en 2022), la cancelación de exenciones fiscales y la eliminación de fideicomisos también le han permitido al Gobierno atender sus prioridades sin gravar más a los contribuyentes.

El Congreso ha desempeñado una función fundamental. Sin mayoría, muchas de las iniciativas del presidente López Obrador no habrían prosperado. Morena y sus aliados (PT y Verde) presiden las comisiones más importantes, la de Presupuesto y Cuenta Pública, antes controladas por el PRI y el PAN, y así reorientó el gasto en favor de los menos favorecidos. Los resultados se reconocen a regañadientes o se rebaten. Así es la democracia.

Uno de los programas emblemáticos del Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, del izquierdista Partido de los Trabajadores, es el conocido como Hambre Cero.

En apenas ocho años, el Gobierno sacó de la pobreza a 30 millones de personas. Lula regresó al poder por tercera ocasión –las mismas que intentó ser Presidente–, pero antes debió vencer intrigas políticas y judiciales. Fue absuelto por delitos de corrupción después de pasar más de un año y medio en prisión.

El juez de la causa, Sergio Moro, resultó ser aliado del derechista Jair Bolsonaro, a quien Lula derrotó en las elecciones de 2022. Da Silva empezó por “reparar lo dañado”. Lo que sigue –declaró– es poner la capacidad del Estado “al servicio de los sueños” del pueblo.