Guanajuato, Gto.- El gobernador panista Juan Manuel Oliva Ramírez rechazó que la Iglesia Católica esté tras la acción de inconstitucionalidad que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) para evitar en Guanajuato los efectos y las consecuencias jurídicas del matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Se trata de una acción netamente jurídica”, de soberanía del Estado y armonización de leyes, argumentó el gobernador tras la molestia de movimientos de homosexuales y partidos políticos de oposición, que lo acusaron de confundir la Constitución con la Biblia.

El mandatario de Guanajuato y sus homólogos de Jalisco, Emilio Fernández; Morelos, Marco Adame; Sonora, Guillermo Padres, y de Tlaxcala, Héctor Ortiz, presentaron ante la SCJN controversias constitucionales en contra de la ley civil del Distrito Federal que permite la unión jurídica de personas del mismo sexo y que puedan adoptar menores.

En compañía del procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, el gobernador negó la influencia del clero en la impugnación a la norma y sostuvo que tienen una intención de carácter jurídico.

“Yo no veo a la Iglesia detrás de las acciones, detrás del gobierno, yo soy respetuoso de todas las instituciones y de todas las personas, pero somos responsables de que exista un tema de armonía”, enfatizó después de asistir a la feria de la Asociación Nacional para la Proveeduría de la Industria de la Piel y del Calzado.

A su vez, el abogado del estado explicó que se trata de una lucha jurídica, porque la reforma civil del DF trasngrede el pacto federal y la autonomía del estado, y para evitar que en esta entidad surtan efecto las consecuencias jurídicas del matrimonio gay.

“Manifestamos absoluto respeto a la dignidad humana, el derecho de las personas a una identidad, pero consideramos que una legislación local y un interés particular no puede estar por encima ni de la Constitución ni de la autonomía estatal”, dijo el Procurador.

Aclaró que la acción no representa la no aceptación al matrimonio gay, sino a las consecuencia jurídicas que puedan repercutir en la legislación local, que no es armónica con la del Distrito Federal.

Las consecuencias del matrimonio son todos los derechos y obligaciones que puedan existir por la celebración de un contrato de esa naturaleza, dijo el abogado del estado.

“Existe una invasión a nuestra soberanía y esa es la razón de ser por la que interpusimos este debate (recurso). Nos hemos manifestado, esto no es un debate ideológico, ni de conceptos filosóficos, ni de discriminación”, dijo el representante legal de Guanajuato a un lado de Oliva.