Ciudad de México.– El presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra, dijo este domingo que a un año de la aprobación, por mayoría de votos, de una reforma integral a la Constitución Política de Nuevo León, no hay nada que festejar, debido a la “invasión” de poderes y los 51 vetos que el ejecutivo consumó.

Guerra dijo que en este año ha existido un desacato e intromisión parte del titular del Poder Ejecutivo, Samuel García, hacia las decisiones que han tomado las diputadas y los diputados.

“El Ejecutivo ha vetado en 51 ocasiones los actos del Congreso, de los cuales seis han sido contra la vida interna de este Poder Legislativo; tres contra reformas constitucionales y un veto que ejerció ilegalmente por segunda ocasión contra un mismo decreto previamente vetado.

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Entre los acuerdos de la vida interna del Congreso que han sido vetados por el gobernador se encuentran la declaración de procedencia en contra de la magistrada Ethel Maldonado, quien dio de alta a un hijastro para trabajar en el Tribunal de Justicia Administrativa; la designación de la diputada Cecilia Robledo, para ocupar una vacante que había en el Congreso, y la designación del presidente de la Comisión de Coordinación de Régimen Interno”, señaló.

Añadió que el gobernador del Estado ha vetado reformas a la Constitución Política de Nuevo León, que se han aprobado tras la reforma integral que se hizo hace un año.

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Entre estas reformas que vetó el gobernador se encuentran el permiso que el Congreso del Estado debe autorizar en los viajes al extranjero, vemos que se la pasa en un turismo ejecutivo bajo el supuesto de atraer inversión, para eso están los funcionarios de su gabinete que podrían realizar esta promoción.

“Otro de los vetos que aplicó el gobernador fue el de la designación del titular del Instituto de la Defensoría de Oficio, para que ahora dependa del Poder Judicial y no de la Secretaría General de Gobierno, es una decisión que tomamos en beneficio de quienes requieren de asesoría legal”, indicó.

Guerra Villarreal destacó que a esto se le añade la presunta persecución y presión que son objeto diputadas y diputados del PAN y PRI.

Manifestó que la crisis hídrica no ha sido resuelta, y a través de simulaciones se pretende hacer creer que tendremos un mayor abasto de agua, pero la verdad es otra, continúa el desabasto, lo que ha generalizado la inconformidad de la ciudadanía.

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La inseguridad es otro grave problema que nos hace no festejar una reforma a la Constitución como pretende el gobernador, hace unos días recibimos la noticia que aparecieron 12 cuerpos en bolsas en distintos municipios y el día siguiente hubo bloqueos simultáneos en la región citrícola”, destacó Guerra Villarreal.

Jessica Martínez, del PRI, subrayó que para una Nueva Constitución se requeriría de convocar a un Congreso Constituyente, como pasó en Ciudad de México.

“En Nuevo León no se realizó ese procedimiento, por lo que el resultado fue mantener la Constitución de 1917.

“La Constitución del Estado de Nuevo León vigente se publicó en 1917 y su última reforma fue el 29 de mayo de 2023. No deberían utilizarse recursos públicos para una celebración que no existe, no hubo Nueva Constitución lo que sucedió fue otra reforma”, señaló.

Con información de Milenio.