Guerrero.- La Fiscalía General del Estado (FGE) ordenó suspender sus actividades administrativas en la delegación de Tierra Caliente, en Guerrero, debido a la ola de violencia que pone en peligro a sus trabajadores.

La orden dictada a través de una circular es para el personal administrativo de las agencias del Ministerio Público ubicadas en los municipios de Arcelia, San Miguel Totolapan, y también en la Fiscalía regional de Coyuca de Catalán.

“ Con motivo de la situación de riesgo que prevalece en esa jurisdicción de Tierra Caliente y para no poner en riesgo su integridad física, le agradeceré a usted comunicar al personal administrativo que a partir del 21 de octubre y hasta nueva orden, se suspenden las actividades, debiendo para tal efecto comunicar al referido personal que permanezca comunicado con su respectivo jefe”, dice el documento de la FGE firmado por el vicefiscal de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia, Ricardo Ferrer Martínez.

Esta decisión que tomó la Fiscal general, Sandra Luz Valdovinos, se da después de que integrantes de la organización criminal de “La Familia Michoacana” han enfocado sus más recientes ataques contra funcionarios de la FGE en esa región.
Los trabajadores de la FGE han denunciado que en estos dos años de Gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, no se les ha reintegrado su seguro de vida y el bono de riesgo se los entregan con retraso.

El pasado 22 de agosto, un grupo de hombres armados irrumpió en las instalaciones del Ministerio Público (MP) de Coyuca de Catalán y se llevó por la fuerza a la titular de esta representación social, Patricia Jaqueline Salgado González a quien la tuvieron secuestrada 31 horas.

La agente del MP, quien denunció que Luz Valdovinos se niega dar la orden que le den medidas de seguridad, señaló que sus captores la mantuvieron vendada y esposada.

Otro caso fue el de la noche del 10 de septiembre, cuando el teniente coronel, Víctor Manuel Salas Cuadra, fue interceptado por sujetos armados cuando cumplía su primer día como fiscal regional en Coyuca de Catalán, y horas después, fue asesinado y su cadáver encontrado afuera de la comunidad de Jaripo.

Diez días después, el 20 de septiembre, habitantes de Arcelia utilizaron maquinaria pesada para destruir las instalaciones del MP en protesta porque una patrulla militar atropelló a un joven, que murió posteriormente en una clínica particular de Ciudad Altamirano.

Previa a la destrucción de las oficinas del MP, los ciudadanos retuvieron en las calles de Arcelia a un grupo de militares, quienes dispararon sus armas largas al aire para ahuyentar a los manifestantes.

Un caso más es el del 23 de mayo, cuando el Alcalde perredista de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios, al frente de medio centenar de personas tomó las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público ubicada en esta cabecera municipal para exigir la liberación de un grupo de campesinos que fueron detenidos por el robo de vehículos.

En abril de este 2023, alcaldes y alcaldesas de siete municipios y dos diputados locales de la Tierra Caliente azuzaron a cientos de personas a realizar un bloqueo de la carretera federal en esta región para exigir la renuncia de la Fiscal Valdovinos Salmerón.