Panamá.- El Congreso panameño, con la mayoría de cuatro partidos de derecha, aprobó sancionar con hasta 24 meses de cárcel a quien cierre calles de manera violenta, mientras un líder sindical pidió hoy al gobierno vetar la iniciativa.

La llamada ley del “carcelazo” fue ratificada en tercer y último debate la medianoche del lunes con el voto favorable de 40 diputados de partidos pro gubernamentales y el rechazo de 22 del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD).

De manera original, el proyecto consistió en permitir a empresas la exigencia del Certificado de Información de Antecedentes Personales, pero en el segundo debate, el oficialismo introdujo el tema del caso al cierre de calles de manera violenta.

Además los diputados oficialistas lograron agregar obstáculos a la prerrogativa de los partidos políticos para quitar los puestos de elección popular a sus miembros que se fuguen a otros colectivos, en una acción considerara irregular por la oposición.

El tema más polémico es el relacionado con la penalización de las protestas que deriven en cierre de calles y violencia.

La iniciativa señala que serán impuestas penas de entre seis y 24 meses de cárcel a “quien abuse” del derecho a reunión y con el uso de violencia obstaculice el tránsito de personas y automóviles y produzca daños a la propiedad pública o privada.

La aprobación de la iniciativa ocurrió pese a que el presidente Ricardo Martinelli consideró “excesivos” los 24 meses de prisión, aunque se mostró partidario de penalizar los cierres de calles.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Construcción (Suntracs), Genaro López, cuya organización se caracteriza por realizar protestas con obstaculización de las vías, pidió al mandatario vetar la iniciativa.

“El ejecutivo debe vetar esa ley, no debe firmarla porque es un retroceso de la democracia, debe devolverla (a la Asamblea para introducirle cambios)”, manifestó López.

Señaló que en caso de mantenerse la penalización, el sindicato -el más beligerante del país- recurrirá a presentar recursos de inconstitucionalidad.

López dijo que el gobierno pretende acallar las protestas sociales de manera anticipada ante la próxima discusión de temas sensibles como cambios al Código del Trabajo y a la Caja de Seguro Social (CSS).

“El gobierno no quiere protestas, no quiere que las comunidades que tengan necesidades salgan a protestar”, apuntó López al indicar además que en las manifestaciones siempre hay infiltrados que intentan generar violencia.

Diversas organizaciones sociales e incluso la Defensoría del Pueblo han criticado la penalización de las protestas que deriven en actos violentos.