Sí, Morena es un partido-movimiento que -parafraseando a Molotov- se maneja con las nalgas; aún así, debido a la circunstancia de la elección presidencial concurrente y los cargos federales que se votarán el 2 de junio en la misma casilla, simplemente por eso, tenía posibilidades reales de competir por la Alcaldía de la ciudad más priista del país: Saltillo.

No es un municipio insignificante o que, por un asunto de cálculo político-electoral, pueda ser “entregado” a cambio de otras prebendas en una transacción con los adversarios, pues además de ser la capital política del estado y el Ayuntamiento que mayor presupuesto ejerce, es decir, no existe otro de semejante peso que se pueda equiparar en un hipotético trueque, se trata de quien aporta el mayor Producto Interno Bruto estatal y, como zona metropolitana integrada por 1.2 millones de habitantes, una de las más competitivas de México gracias al aporte de Ramos Arizpe, en el mismo rubro.

Entonces, ¿por qué no quieren ganarlo?, ¿por qué se resisten aún y cuando la coyuntura podría favorecer a sus intereses?

A los hechos me remito. Por principio de cuentas, en un extraño convenio estatal de coalición con el PT, Morena dejó Saltillo fuera de la alianza. Y si bien ambos partidos participan juntos en 33 municipios con candidatos comunes, la capital es uno de los cinco donde compiten separados (y naturalmente se disputan la misma bolsa de votos que otorga el grupo objetivo al cual se dirigen).

Pero Saltillo es el único territorio mayor a 100 mil habitantes. Los otros son radicalmente distintos: Frontera, Parras de la Fuente, San Juan de Sabinas y Zaragoza. ¿Por qué incluyeron al más importante de todos en ese grupo?

A esa desventaja natural que se autoimpusieron de origen, hay que agregar un hecho confeso por su propia candidata para la Presidencia Municipal, Judith Alejandra Salazar Mejorado: “nadie se anima a entrarle (como aspirante al cargo), es un paquete muy pesado”, respondió durante una entrevista en el programa Despega con Chuchuy de TeleSaltillo, el pasado 29 de enero.

Y sí: sólo tres ciudadanos (ella y dos más) se registraron como aspirantes a precandidatos en ése kafkiano proceso de designación a través de encuestas producto de la ciencia-ficción. ¿De verdad no había nadie más?

El caso es que luego de una presunta criba se alzó como vencedora y precandidata única.

Ahora bien, antes de registrarla, ¿alguien con autoridad y sentido común en Morena tuvo la precaución de preguntarle sus antecedentes judiciales?, ¿o basta con firmar bajo protesta de decir verdad el formato 10 de 10 del Instituto Electoral de Coahuila, donde la condición es, hasta ése momento, “no haber sido condenado, o sancionado mediante resolución firme”?

Por lo demás, llegada la hora de las definiciones, ¿tendría el talante para rechazar la oportunidad política que se le presenta, en un acto de honestidad, y ceder el lugar a un tercero sin impedimentos legales en aras de un interés superior (ajá)?

Y aquí es donde llegamos el quid de la cuestión.

El numeral 7 del citado formato 10 de 10 habla de “la comisión intencional de delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género”, y el numeral 10 de “infracciones cometidas en contra de niñas, niños y adolescentes”.

En ambos apartados “Ale” Salazar configura el supuesto, mediante denuncias en su contra que datan de tiempo atrás, antes de convertirse en candidata: una por “sustracción, retención u ocultamiento de menor” (Artículo 220 del Código Penal del Estado), del 1 de febrero, y otra por violencia política contra las mujeres en razón de género. Enjuiciada en el plano estatal y federal, pues.

Ella, por su parte, firmó su declaración ante el IEC hasta el 24 de marzo.

Y como era previsible, tarde o temprano, le estalló en las manos el tema: la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con el expediente SRE-PSC-156/2024 (cuyos datos fueron protegidos), sentenció el 23 de mayo a Judith Alejandra Salazar como “violentadora”.

Si bien dicha condición le impediría seguir siendo candidata, dos circunstancias permitirán que continúe hasta el día de la votación con las boletas ya impresas: la proximidad de la jornada electoral, y que todavía se podría impugnar el asunto y en caso de hacerlo llegar a la Sala Superior para que esta, en una segunda y última instancia, confirme o revoque la resolución y quede firme (en un plazo estimado de dos meses dependiendo de su carga de trabajo relacionada con la calificación de la elección y su declaración de validez).

Sin embargo existe otro quitarrisas: el porcentaje de resoluciones de la Sala Regional Especializada que revoca la Sala Superior, es decir, que cambia el criterio, es del 20%. Dicho de otra forma: el 80% se quedan como estaban.

Eso significa que, por probabilidad, no ganaría ni ganando. Y como fue inscrita en el primer lugar de las regidurías de representación proporcional en Saltillo (para obtenerla necesita Morena sólo 3% de la votación), su sanción sería no ser elegible y dar paso al segundo lugar en la lista, Karla Daniela Ramos Macías.

Cortita y al pie

Particularmente sin Obrador en el poder, el 3 de junio Morena iniciará un proceso de descomposición del partido-movimiento a partir de las pugnas internas por su control. ¿Qué quedará del emblema en 2027, cuando se voten otra vez diputados federales y ayuntamientos en Coahuila?

La última y nos vamos

Es física: un rayo no cae dos veces en el mismo lugar. En 2024 tuvieron la oportunidad en Saltillo y decidieron complicarse deliberadamente con sus propias acciones.