Ciudad de México.- En las modificaciones a la Ley de Vivienda y al Código Civil de la Ciudad de México relacionadas con el arrendamiento, los actores del sector no tuvieron participación significativa, acusó la Asociación Mexicana de Profesionales inmobiliarios (AMPI).

A través de un comunicado, María Isabel Quiroga presidenta del organismo, lamentó que la iniciativa para topar el precio de las rentas en la capital del País no fuera inclusiva.

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Si bien valoramos el esfuerzo de las autoridades por tomar medidas, lamentablemente consideramos que el proceso no fue lo suficientemente inclusivo. Ninguno de los actores relevantes, incluyendo desarrolladores, profesionales inmobiliarios, arrendadores y arrendatarios, tuvo una participación significativa en las discusiones”, señaló.

Recordó que el primer acercamiento con la población se realizó apenas el 26 de julio y que en menos de un mes, la reforma fue discutida y aprobada.

Consideró que con estas modificaciones para las rentas, no abordan el problema de fondo en el mercado de vivienda en la capital del País.

Indicó que durante los diálogos del pasado 26 de julio, se hizo evidente que la escasez de oferta de vivienda es uno de los principales obstáculos.

Expuso que el límite que establece la reforma para el arrendamiento de vivienda, de no superar la inflación o un máximo del 10 por ciento, parece más simbólico que práctico, pues durante la última década las rentas no han llegado a esos topes y no anticipa que la inflación alcance siquiera el 8 por ciento a mediano plazo.

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En el desarrollo de vivienda, apreciamos que el Gobierno asuma la responsabilidad de fomentar el desarrollo de vivienda. Sin embargo, en lugar de su participación directa, habría sido más efectivo otorgar incentivos fiscales”, apuntó.

Por ejemplo, dijo, facilidades administrativas para desarrollos inmobiliarios dedicados al arrendamiento social y residencia medio, convenios con el SAT para el impuesto sobre la renta o reducción del impuesto predial para particulares con viviendas destinadas al arrendamiento, pues ello estimularía la inversión y aumentaría la oferta en zonas necesitadas.

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Actualmente, parece una regulación excesiva que afectará a los arrendadores más pequeños, quienes no tienen los recursos y para registrar sus contratos. Sería más razonable vincular esta obligatoriedad a una promesa de eficiencia procesal en caso de conflictos“, advirtió.

Comentó que la percepción general es que estas reformas se centran más en la fiscalización y control de los arrendadores formales, que en soluciones efectivas para el mercado de arrendamiento.

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El cumplimiento de las regulaciones recae principalmente en los arrendadores formales, mientras que, en zonas de alta demanda de arrendamiento o de formalización del que existe, como algunas zonas de Xochimilco, Iztapalapa y Álvaro Obregón (por mencionar algunas), los arrendamientos informales seguirán siendo un problema”, puntualizó.