Ciudad de México.- El Gobierno federal anunció una revisión exhaustiva de las concesiones de agua en el país, como parte del nuevo Plan Nacional Hídrico que contempla una inversión de 20 mil millones de pesos para 2025, informó Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Según datos presentados por el funcionario, mientras entre 1917 y 1992 se entregaron 2 mil 600 títulos de concesión, tan solo en la década de los noventa se otorgaron más de 360 mil.

Por lo que la iniciativa incluye el compromiso de diversos sectores para devolver voluntariamente más de 2 mil 500 millones de metros cúbicos de agua concesionada no utilizada, equivalente al consumo de la Ciudad de México durante dos años y medio, detalló durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum encabezó la presentación del plan junto con Alicia Bárcena, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y Julio Berdegué Sacristán, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

“ El agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho. Esa es una de las esencias del Plan Nacional Hídrico”, enfatizó Sheinbaum, quien aseguró que se dejará atrás la “visión neoliberal” iniciada en administraciones anteriores.

Actualmente, el 76% del agua en México está destinada al sector agrícola, 9% a la industria y generación de energía, y 15% al uso público urbano, según datos presentados por Morales López.

El plan contempla cuatro ejes principales:

• Política hídrica y soberanía nacional
• Justicia y acceso al agua
• Mitigación del Impacto ambiental y adaptación al cambio climático
• Gestión integral y transparente de los recursos

Una de las acciones más relevantes será la revisión exhaustiva de las concesiones de agua. Morales López señaló que durante el “periodo neoliberal“, específicamente en la administración de Carlos Salinas de Gortari, se entregaron más de 360 mil títulos de concesión en una sola década, en contraste con los 2 mil 600 títulos otorgados entre 1917 y 1992.

Como parte de la modernización administrativa, se creará el Registro Nacional de Agua para el Bienestar, que unificará cuatro sistemas diferentes en una sola base de datos, simplificando los trámites y reduciendo los requisitos de 19 a 9, con tiempos de respuesta entre 15 y 60 días.

El programa incluye la tecnificación de más de 200 mil hectáreas de riego, lo que beneficiará a más de 225 mil familias productoras. Según Berdegué Sacristán, esta medida podría aumentar la productividad en 51% en las superficies tecnificadas.

La Secretaria Bárcena destacó que el plan representa “un cambio de paradigma respecto al pasado”, privilegiando el consumo humano frente a usos intensivos y promoviendo la recarga natural de acuíferos.

Se implementará el saneamiento de tres importantes ríos: el Lerma-Santiago, el Atoyac y el Tula. Además, se desarrollarán proyectos estratégicos que incluyen la presa El Novillo en La Paz, la desaladora de Rosarito en Baja California, un sistema de tres presas para Hermosillo, entre otras obras de infraestructura en diversos estados.

El plan contempla la emisión de un decreto de facilidades para regularizar más de 25 mil concesiones vencidas, beneficiando principalmente a pequeños y medianos productores agrícolas y pecuarios.

Un elemento crucial del programa es la firma de un acuerdo nacional por el derecho humano al agua, previsto para el 25 de noviembre, que incluye compromisos de devolución de más de 2 mil 500 millones de metros cúbicos de agua concesionada, equivalente al abastecimiento de la Ciudad de México durante dos años y medio.

La iniciativa privada se ha comprometido con una inversión superior a los 16 mil 400 millones de pesos para eficientar sus procesos de producción y realizar obras de carácter comunitario, según informó el director de Conagua.

Sheinbaum aseguró que, a pesar de las críticas sobre la disponibilidad de recursos, el Gobierno federal cuenta con el presupuesto necesario para implementar este “ambicioso e histórico” Plan Nacional Hídrico, que incluirá la coordinación entre municipios, estados y federación para optimizar el uso de los recursos públicos en infraestructura de agua potable.