Ciudad de México.- Un tribunal federal canceló en forma definitiva el proceso y la investigación abierta contra Víctor Garcés Rojo, ex director Jurídico de la Cooperativa La Cruz Azul, por una presunta defraudación fiscal de 2 millones 997 mil 112 pesos en el ejercicio del 2015.

El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de esta capital confirmó la no vinculación a proceso dictada por un juez de control en favor del ex directivo y decretó el sobreseimiento o cancelación de esta indagatoria por el delito de defraudación fiscal equiparable, al estimar que el delito está prescrito.

Es decir, que la carpeta de investigación ya no puede volver a ser judicializada y debe ser archivada.

“Bajo ese contexto, procede modificar este aspecto del auto apelado y… decretar el sobreseimiento de la causa, con efectos de sentencia absolutoria”, resolvieron los magistrados en forma unánime.

De acuerdo con el tribunal, la Secretaría de Hacienda no presentó dentro del plazo legal de cinco años el dictamen técnico contable que debe acompañar a la querella, un requisito esencial para que se proceda legalmente contra un imputado.

En este caso, la presunta defraudación debió haber sido denunciada y dictaminada por el fisco entre el 26 de abril de 2016 y el 26 de abril de 2021, y si bien la querella se interpuso 3 días antes de fenecer ese término, el dictamen contable se presentó hasta el 1 de junio de 2023.

“Es decir, para el año 2023 ya había transcurrido en exceso el plazo referido para presentar la querella, ello a partir de la comisión del supuesto delito (26 de abril de 2016), sin que se recabara un dictamen técnico contable, lo que no ocurrió a la data en que se resolvió la situación jurídica de su representado”, dice la resolución.

“Se actualiza la figura de la prescripción de la acción penal, puesto que, la Fiscalía señaló que el hecho delictivo imputado tuvo verificativo el 26 de abril de 2016 (fecha en que se presentó la declaración anual normal ante el SAT de manera electrónica, correspondiente al ejercicio fiscal de 2015)”.

Si bien Hacienda en ocasiones presenta amparos contra este tipo de resoluciones, la regla es que los tribunales desechen sus demandas por improcedentes, ya que la negativa para procesar a un imputado no se considera un acto que afecte a su patrimonio, condición para darle trámite a la demanda de garantías.

En este asunto, Garcés fue imputado de declarar ante el SAT ingresos acumulables por 2 millones 224 mil 484 pesos, cuando en realidad obtuvo por 10 millones 471 mil 379.69 pesos, lo que implicó que dejara de pagar al fisco 2 millones 997 mil 112.8 pesos del impuesto sobre la renta (ISR).

El 26 de marzo del año pasado un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur le dictó la no vinculación a proceso y, si bien la FGR y Hacienda impugnaron el fallo, ahora ha sido confirmado por el tribunal de apelación.

Garcés continuará preso en el Reclusorio Norte porque tiene dos procesos adicionales en curso y en uno de ellos está sometido a la prisión preventiva justificada.

La causa penal en la que está privado de su libertad se tramita ante un juez del fuero común de la Ciudad de México por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

El ex directivo hoy de 83 años de edad, también está procesado en la jurisdicción federal por delincuencia organizada y lavado de 114 millones de pesos, sin embargo, en este asunto le concedieron la prisión domiciliaria a fines del año pasado. En este proceso, la FGR ya solicitó a la justicia federal condenarlo has con 35 años de prisión.

El ex director jurídico de la cementera no dejará la cárcel hasta que le modifiquen la prisión preventiva a la que está sujeto en el proceso de fuero común.