Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional Electoral, deben investigar los perfiles de quienes contienden por cargos de magistrados y jueces en el Poder Judicial de la Federación, a fin de determinar si cumplen con los requisitos de comportamiento moralmente recto y honradez.

El diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez (PAN) señaló que, en primera instancia, fueron impugnados 26 aspirantes en el Senado de la República, al detectarse que tienen presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Luego de que el Senado presentara las impugnaciones, el INE se declaró incompetente para poder hacer algo al respecto y cancelar las candidaturas. El chiste se cuenta solo: las tómbolas no sirven como filtro ni como candado para elegir a los mejores perfiles”.

“Es decir, no fueron capaces de revisar con precisión, eficiencia y profesionalismo a los aspirantes, y se no ‘colaron’, a decir del senador Fernández Noroña y compañía, candidatos ligados al crimen organizado y ahora no encuentran cómo solucionar este problema”.

Además, indicó, llama la atención que la FGR no haya actuado de inmediato por cuenta propia para investigar a las 26 candidaturas impugnadas.

“Debe destacarse que no sólo existe falta de probidad cuando tienes vínculos con el crimen organizado. Hay falta de probidad cuando cometiste distintos delitos a los relacionados con la delincuencia organizada: delitos de cuello blanco, del fuero común, violencia familiar, de género, deudores alimentarios o asociación delictuosa”.

“Consideramos que la FGR debe hacer su trabajo y, en coordinación con el INE, con independencia de los tiempos y mecanismos procesales que resulten finalmente aplicables, investigar a fondo todas las candidatas y candidatos, para garantizar que por lo menos todos cumplen con el requisito de probidad”, expresó.