Ciudad de México.- La diputada federal de Morena, María Teresa Ealy Díaz, ha denunciado ser víctima de una segunda serie de amenazas de muerte en menos de un mes, lo que ha elevado la preocupación por su seguridad y la de su entorno.

A través de un comunicado, se informó que la legisladora ha recibido una “nueva ofensiva violenta” por medio de mensajes enviados desde distintos números telefónicos, los cuales se caracterizan por un lenguaje agresivo y revelan un nivel de vigilancia inquietante.

“Estos mensajes, recibidos recientemente, contienen referencias detalladas a sus actividades cotidianas, rutas de traslado, reuniones privadas, nombres de personas con las que interactúa y características de los vehículos en los que se mueve”, detalla el comunicado. La precisión de esta información sugiere una “vigilancia organizada, sistemática y persistente”, lo que representa un “riesgo real e inminente” para su integridad física y la de sus allegados.

La situación se agrava al tratarse de un patrón de acoso reincidente. En mayo pasado, la diputada ya había recibido amenazas de muerte con características similares:

“lenguaje violento y sexualizado, advertencias de represalias físicas, y una clara intención de silenciarla, aislarla y amedrentarla”. En esos primeros mensajes, los agresores afirmaban tener control y conocimiento sobre su entorno personal y familiar para reforzar sus amenazas con “crueldad”.

Ambas agresiones, la de mayo y la más reciente, comparten un “hilo conductor claro: son ataques directos por su trabajo legislativo y social”, subraya el comunicado. María Teresa Ealy Díaz ha sido una voz activa en el Congreso, defendiendo los derechos de las mujeres víctimas de violencia y denunciando actos de corrupción y abuso de poder en diversas esferas institucionales. Se afirma que “por su labor, por su voz crítica, y por negarse a guardar silencio ante la injusticia, hoy es blanco de violencia política de género”.

A pesar de la gravedad de las amenazas, la diputada ha optado por no hacerlas públicas en sus redes sociales, por respeto al proceso legal y la confidencialidad de las investigaciones. Sin embargo, la escalada de violencia ha obligado a visibilizar la situación y a exigir una respuesta “clara e inmediata” de las autoridades competentes.

El comunicado expresa una alarma profunda:

“Es alarmante que, tras haber presentado una denuncia formal por la primera serie de amenazas, no exista hasta hoy ningún reporte de avances, protección efectiva o acciones concretas por parte de las instituciones correspondientes”. Se considera que esta “omisión institucional no solo representa un abandono, sino una clara forma de complicidad estructural con quienes buscan intimidar, debilitar y silenciar a las mujeres en espacios de poder”.

Por ello, se ha emitido un llamado urgente a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y al Congreso de la Unión, para que actúen “con decisión, transparencia y responsabilidad”. El comunicado concluye de forma contundente: “La seguridad de una representante popular no puede depender del silencio burocrático ni de la normalización de la violencia”.