Copiapó, Chile.- Con rostros serios y en silencio, familiares de 27 de los 33 mineros atrapados desde el 5 de agosto en una mina de esta región del norte de Chile demandaron el jueves a los dueños de la empresa por 10 millones de dólares.

En pocos días, a comienzos de octubre, las mismas familiares presentarán una demanda similar contra el Estado chileno, por igual monto.

Mientras tanto, continúan las faenas de perforación de los túneles por los cuales se espera rescatar a los mineros, probablemente en el próximo mes.

Las tres perforadoras han avanzado fuertemente en las últimas horas. Según el informe entregado del jefe de los rescatistas, André Sougarret, la perforadora que cava a 12 pulgadas ha llegado a los 548 metros, pero una vez alcanzado su objetivo tendrá que repetir el recorrido para ampliar la excavación a un mínimo de 66 centímetros.

La sonda correspondiente al plan B llegó a los 333 metros ya con el diámetro necesario para el paso de la cápsula de rescate, mientras la sonda petrolera que cava al ancho exigido alcanzó los 156 metros.

Los rescatistas informaron que se realizó una prueba con la cápsula de rescate fabricada por la armada. El examen cumplió todas las exigencias y sólo se deberá hacer un ajuste en el sistema de apertura de la jaula.

“Tuvimos muy buen resultado”, dijo René Aguilar, subjefe del equipo de rescate.

Otras dos cápsulas llegarán la próxima semana al yacimiento, situado a 50 kilómetros de esta ciudad, a su vez a 850 kilómetros al norte de Santiago.

Las autoridades preparan también el hospital de emergencia que se levantará la próxima semana para brindarle las primeras atenciones a los mineros rescatados.

El abogado Edgardo Reinoso, representante de los querellantes, explicó a los periodistas en las afueras del juzgado de esta ciudad a 800 kilómetros de Santiago que la demanda presentada este jueves es contra los dos dueños de la empresa minera San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny.

Inicialmente, el miércoles la alcaldesa de Caldera, Brunilda González, un pequeño puerto cercano a Copiapó, había dicho que la demanda era por un total de 27 millones de dólares. Reinoso dijo que la cantidad se ajustó y corresponde a 27 de las familias querellantes.

La presentación de la demanda judicial concretó un acuerdo de una asamblea realizada el mes pasado en el campamento Esperanza, levantado junto al mineral siniestrado por los familiares de los trabajadores atrapados.

Los grupos familiares de los otros seis mineros deberán resolver si emprenden una acción judicial similar, se pliegan a las de sus compañeros o desisten de hacerlo.

El abogado dijo que espera que en un plazo de seis meses se resuelva la demanda civil contra los propietarios del yacimiento por presunta negligencia y haber infringido varios artículos de las normas de seguridad del trabajo y minería.

La acción judicial presentada el jueves es, en todo caso, apelable por la empresa. La segunda acción judicial contra el Estado, por el mismo monto de indemnización, será interpuesta a comienzos del mes entrante por la presunta negligencia en el control de las medidas de seguridad que deben cumplir las minas.

El abogado Reinoso resaltó el trabajo que han hecho todos los rescatistas para sacar a la superficie a los 33 mineros atrapados en el fondo de la mina San José a 700 metros de profundidad. Pero dijo que la segunda demanda es contra el Estado, y no contra el gobierno.

Elvira Valdivia, esposa del minero Mario Sepúlveda, fue uno de los familiares que acudieron a presentar la demanda judicial.

“Queremos las familias que ellos paguen todos el daño y queremos justicia”, dijo la mujer, quien estuvo acompañada de sus dos hijos.

Sepúlveda cumplirá 40 años el 4 de octubre.