Ciudad de México.-  Gemima Hernández, activista independiente, lleva mes y medio afuera de Palacio Nacional en protesta por la extorsión a la que son sometidos habitantes de Puerto San Carlos y Guerrero Negro, en Baja California Sur; en represalia le secuestraron a su hijo, quemaron su casa y atentaron contra su vida.

La activista relató que mantiene escondidos a dos de sus hijos, que son menores de edad porque teme que por represalias también a ellos se los puedan llevar.

“ El cobro de piso de mi estado en colusión con autoridades de mi estado, también la privación de la libertad de mi hijo”, denunció Hernández. 

Gemima acusó que ha padecido tres atentados contra su vida y piensa que al regresar a su estado podrían desaparecerla asesinarla.

“ No quiero que me pase lo que le pasó a la maestra jubilada”, refirió el caso de Irma Hernández en Veracruz. 

La mujer es enfática en denunciar el cobro de piso en Puerto San Carlos y Guerrero Negro y que funcionarios están involucrados.

“ Ya tengo amenazas de que me van a matar, me han hecho tres atentados desde que estoy aquí en una un mes y medio en México y han atentado contra mis hijos menores de edad de 11 y 13 años. Y lo que me decía el gobierno es que no me viniera aquí a México a denunciar, que para qué venía si ellos me iban a resolver y tengo un año tres meses en esas condiciones allá”.  

La mujer tuvo la fortuna de recuperar a su hijo con vida porque levantó la voz en la entidad y amagó con manifestarse en la Ciudad de México, un hecho que busca evitar la autoridad estatal, aunque atribuye a esas mismas protestas la razón por la que “levantaron” a su hijo.

“ En 11 días privaron de la libertad a cuatro familiares míos con la intención de que yo me calle, de que yo ya no denuncie y el gobierno no me da respuesta. Me vine aquí a la Ciudad de México a presentar también las denuncias porque son contra el crimen organizado. También no me han dado una respuesta”. 

Hernández mantiene un bloqueo en una de las salidas de la calle Corregidora, en el centro de la Ciudad de México, por donde pasan las camionetas de quienes van a visitar a la presidenta en Palacio Nacional. La tarde de este jueves sufrió una crisis de salud por falta de insulina que se le debe suministrar, pero que por la manifestación no tenía oportunidad de hacerlo.

“ He visto cuatro veces a la presidenta, ya tengo un mes y medio aquí, en estas condiciones. Tengo dos niños chiquitos que los tengo escondidos porque sí me da temor viajar con ellos”. 

Las denuncias tienen origen en que las familias de Puerto San Carlos, en Guerrero Negro son asediados por extorsionadores del crimen organizado “y no le quieren dar el seguimiento porque hay autoridades involucradas en mi estado de eso”.

Es tajante en declarar: “Hay cobro de piso y el procurador de mi estado (Antonio López Rodríguez) anuncia que no hay denuncias y que todo está bien, cuando diariamente están privando de la vida a personas precisamente por el cobro de piso”, además que están, por lo menos, las denuncias que Gemima Hernández ha interpuesto por este delito.

“ Lo único que le estoy pidiendo a mi presidenta de la República es que, por favor, que nos mande con la autoridad competente y que ahorita pues ya me están brindando cierta atención hasta el día de ahorita, pero tengo un mes y medio en estas condiciones”. 

Pide a la jefa del Ejecutivo federal que, ante la inacción en Baja California Sur, envíe vigilancia estacionaria a Puerto San Carlos, municipio de Comondú y Guerrero Negro, municipio de Mulegé, “donde nos violentaron, entraron más de 30 personas armadas y dispararon a una planta pesquera para sacarlos de ahí y ahorita están fuera de sus casas esas familias y el gobierno ve la violencia, pero no quiere apoyarnos con la seguridad y la protección de una autoridad para que regresen esas familias”.

La activista llama a “la presidenta no crea todo lo que le informan aquí, que todo está bien porque las redes sociales salen las noticias y las manda a borrar el mismo gobierno, pero nosotros las tenemos en captura, muchas de las cuales ya hemos presentado aquí en México, que vi día a día nos están violentando”.

Existe otro temor dado que pese a que este miércoles detuvieron a uno de los secuestradores de su hijo “hay la fuerte presión de que lo van a soltar libre ahora, siendo que las únicas autoridades que han hecho esas detenciones han sido el ejército”.

Las autoridades militares que han trabajado para detener a presuntos responsables del secuestro y extorsiones, son quienes, incluso, serán relevados de sus actividades en esa región, comenta la activista.

“ El de la 40 zona militar, general Pantoja está trabajando debidamente, pero a los otros que están en el estado de Baja California Sur, procurador de alto impacto Bernardo Soriano, que era la autoridad que nos estaba controlando el crimen organizado, lo quita sin ninguna justificación porque hace una rueda de prensa dando a conocer las detenciones de los criminales y porque estaba aliviando el tema del cobro de piso y lo remueven del cargo junto con el capitán Reyes del municipio de Comondú”. 

La queja de los habitantes de dicha zona es que hay autoridades que buscaban dar mayor seguridad en la entidad y son a quienes quitan de sus cargos.

“ A los elementos del gobierno que sí estaban trabajando contra el cobro de piso hace dos semanas, justo el día que me queman mi casa, los mueven a ellos, ya que era la única autoridad que nos estaba brindando el apoyo junto con el ejército de la 40 zona militar”. 

Y cuestiona que siendo dos comunidades pequeñas “¿Cómo es que no pueden poner una patrulla a que cuide que las familias que están fuera de sus casas regresen? Es todo lo que pido, justicia y que esas carpetas que están queriendo desaparecer de las denuncias que pusimos. ¿Dónde están? Que salgan a la luz porque ahí ya en esas denuncias hay personas detenidas y hay funcionarios involucrados en esas carpetas, por eso las quieren desaparecer. Pedimos justicia para Baja California Sur de manera inmediata”.

Expuso que hay personas detenidas por el caso de su hijo, pero en vez de darle seguimiento a la investigación y solución a las denuncias, siguen violentando a las familias. El procurador estatal, Antonio López Rodríguez, más allá de promover el avance en la indagatoria, responde que no recibirá a la activista, que también es víctima, las veces que lo pida, aunque cuenta con elementos para aportar a carpetas de investigación, en caso de que éstas existan.

Considera que pudo recuperar a su hijo con vida “porque lo grité al procurador Daniel de la Rosa Anaya (quien presentó su renuncia en abril de este año) que si no me regresan a mi hijo con vida, me venía a México y abría a la luz pública toda la corrupción que ustedes hacen y las carpetas que tienen enterradas porque donde están involucrados a ustedes. Entonces fue como me lo aparecieron, pero ¿qué cree? El mismo gobierno me lo trajo de regreso” y reprochó la colusión.