Los Ángeles, EU.– Un juez federal ha ordenado a la administración del presidente Donald Trump que restablezca temporalmente una política que otorga a los inmigrantes, tanto legales como indocumentados, acceso a ciertos beneficios federales de salud y sociales.

Esta decisión bloquea una directiva del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que buscaba excluir a familias de programas como Head Start, un servicio de educación preescolar para niños.

El magistrado Ricardo Martínez, del Distrito Oeste de Washington en Seattle, dictaminó que el HHS no tenía la autoridad para reinterpretar la definición de “beneficio público federal” de una política de 1996 conocida como PRWORA, que permite a los indocumentados acceder a ciertos servicios de salud y bienestar.

La abogada Jennesa Calvo-Friedman, del Proyecto de Derechos de la Mujer de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes, celebró la decisión.

” Hoy el tribunal fue claro: el HHS no tiene la autoridad para imponer una restricción basada en la inmigración a las familias de Head Start”, afirmó, enfatizando que ningún niño o familia debería tener miedo de acceder a servicios esenciales.

Esta resolución llega después de que una coalición de 21 estados ganara una demanda para detener la implementación de la nueva política del HHS, que había buscado restringir el acceso a estos beneficios.