Seguridad
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Grupo Zócalo
Publicado el lunes, 6 de octubre del 2025 a las 19:40
Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Tres mujeres sobrevivientes de tortura por parte de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano iniciaron una huelga de hambre frente a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, para exigir el cumplimiento de la Recomendación 173VG/2024 emitida hace un año por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.
Las manifestantes son Kassandra Treviño, Jennifer Campillo y Jessica Ortega, quienes el 5 de septiembre de 2019 fueron torturadas en un domicilio del fraccionamiento Valles de Anáhuac, donde otras ocho personas —tres mujeres y cinco hombres— fueron ejecutadas extrajudicialmente en un operativo con participación de agentes del Centro de Análisis, Investigación y Estudios de Tamaulipas (CAIET), la Policía Estatal y el Ejército Mexicano.
Las víctimas fallecidas fueron identificadas como Severiano Treviño Hernández, Cinoy Esmeralda Briseño Chapa, Luis Fernando Hernández Viesca, Enrique Pérez Chávez, Wilbert Irraestro Pérez, Juana Jetzel Graciano Magaña, José Daniel Saucedo Hernández y Jennifer Hazel Romero López, residentes de Tamaulipas, México, Oaxaca y Coahuila.
La versión oficial difundida en 2019 señalaba un enfrentamiento con presuntos criminales; sin embargo, una investigación del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, basada en testimonios y videos, desmintió los hechos y confirmó que se trató de ejecuciones extrajudiciales.
El entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el fiscal Irving Barrios Mojica y el vocero Francisco Juárez García fueron señalados por las víctimas y sus familias de emprender una campaña de criminalización en su contra a través de redes sociales.
De acuerdo con Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, además de la recomendación de la CNDH, existen otras dos recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) dirigidas al Secretario de Seguridad Pública, que no han sido cumplidas.
Se trata de la Recomendación 06/2023, sobre actos de tortura en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, y la Recomendación 04/2022, relativa a violaciones contra periodistas detenidos injustamente por la Fiscalía General de Justicia del Estado.
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