POR: ÓSCAR MARIO BETETA

Desde fines de la semana pasada, México volvió a quedar bajo el agua tras más de 60 horas ininterrumpidas de lluvias. Veracruz, Puebla e Hidalgo reportan al cierre de esta edición al menos 66 personas muertas y 75 desaparecidas, según cifras oficiales.

Comunidades enteras quedaron arrasadas, mientras decenas de municipios permanecen aislados por deslaves, lodo, carreteras destruidas y lluvias implacables. En Hidalgo, por ejemplo, 111 de 191 comunidades siguen incomunicadas; en Veracruz, 40 municipios están afectados y 46 aislados.

Pero los desastres naturales no afectan a todos por igual, pues golpean todavía con más fuerza a quienes ya de por sí viven al margen. La fragilidad de viviendas mal construidas, la falta de drenaje, calles sin mantenimiento y sistemas de agua colapsados son parte del paisaje cotidiano de zonas rurales y periféricas.

Quienes habitan esas regiones rara vez reciben infraestructura adecuada, fondos de apoyo oportunos, medidas preventivas o protección ante la emergencia. En pocas palabras: son víctimas de una violencia estructural que vuelve todavía más difíciles sus vidas.

Y aunque en teoría existe un mecanismo para enfrentar estos eventos catastróficos, la verdad es que desde que arrancó su operación en 1999, el Fonden —que supuestamente debía canalizar recursos a reconstrucción y prevención— se convirtió en la caja chica de gobernadores y ediles gracias a una compleja y lenta burocracia y a una opacidad bestial.

Y no es para menos. Fondos equivalentes al 0.4% del presupuesto federal hacían que esos que dicen representarnos se lavaran las manos cada vez que asomaba una tragedia ocasionada por cualquier desastre natural.

Los ejemplos sobran. Uno de ellos ocurrió en 2013, cuando el huracán “Ingrid” impactó las costas de Guerrero. Tras evaluar la actuación gubernamental de la Administración federal y la local, encabezada por Ángel Aguirre, la Auditoría Superior de la Federación halló que el uso de los recursos se retrasó 119 días y además reportó diversas obras fantasmas, sin evidencia documental ni seguimiento.

¿Y el dinero? Se fue como agua entre las manos, pero quién sabe a dónde o a qué bolsillos.

Por estas razones, el expresidente López Obrador decidió eliminar cientos de fideicomisos, incluido el Fonden. Ahora la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que “lo único que tenía el Fonden eran puras deudas” y presume un presupuesto de 19 mil millones de pesos para emergencias.

Pero de esa cifra ya se han utilizado 3 mil millones para Oaxaca y Guerrero, mientras miles de damnificados aún no ven resultados tangibles.

La tragedia reciente confirma que el problema real no es el clima, sino la corrupción, la improvisación y la ausencia de planeación. Cuando el agua invade y destruye hogares, cuando mueren familias atrapadas entre el lodo, es evidente la negligencia gubernamental, que lleva larga data en nuestro país.

No basta con discursos de solidaridad ni promesas de reconstrucción que tardan meses. Necesitamos mecanismos de vigilancia ciudadana, auditorías independientes y castigos ejemplares para quien o quienes desvíen recursos de emergencia. Que nunca más los pobres paguen con sus vidas por la incapacidad de quienes prometieron protegerlos.

Mientras las autoridades estatales y municipales sigan permitiendo asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo debido a la corrupción, la tragedia se repetirá.