Hermosillo, Son.- Dos días después de la explosión y el incendio que dejaron 23 personas muertas en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, las familias han identificado a 21 de sus seres queridos, y las autoridades siguen sin hacer pública la lista oficial de víctimas.

Entre los fallecidos se encuentra Johana Guadalupe Hernández Sánchez, de 19 años, cajera del establecimiento y estudiante de la Universidad de Sonora, quien ayer fue velada.

En este contexto, ayuntamientos sonorenses comenzaron a clausurar formalmente tiendas Waldo’s con elementos de Protección Civil, cumpliendo una instrucción del gobierno y de la fiscalía estatales. Cajeme fue la primera demarcación en confirmar las suspensiones de labores, seguido por Caborca, Guaymas, Empalme, Magdalena, Agua Prieta y Navojoa.

Al momento, dos cuerpos permanecen en el Servicio Médico Forense sin ser identificados. En casas, funerarias y calles que se han vuelto escenario de duelos públicos, la ciudadanía pronuncia nombres, enciende veladoras y comienza a precisar quiénes no regresaron a casa: enfermeras con sus hijos, madres jóvenes, parejas, trabajadores del centro de la urbe, familias enteras.

El nombre de Johana se incluye en esa lista. La comunidad universitaria confirmó su deceso, mientras el campus donde cursaba negocios y comercio internacional, docentes, compañeros y autoridades compartieron condolencias y prendieron velas ante su fotografía.

A la casa de la joven, en el surponiente de Hermosillo, llegó el féretro con los restos de Johana, su sala estaba llena de flores y su familia se desbordaba en llanto. En entrevista para este diario su tío, Eusebio Arias, describió a Johana como una joven dedicada a su familia y estudios: “Era tierna, amable. Siempre buscaba a la familia. Aplicada, adelantada… una niña con mucho futuro. Muy independiente”.

Johana trabajaba para pagar sus estudios y apoyarse a sí misma. Su rutina se dividía entre clases, tareas y sus labores en la tienda donde terminó su historia.

Eusebio expuso las condiciones del almacén: “No había salida de emergencia, ni luces, ni señalización. Y lo sabemos todos; los que caminamos el centro sabemos que hay negocios obsoletos que necesitan mantenimiento”.

Durante los velorios, exigencias de justicia

Mientras, en diversos sectores de Hermosillo, otras familias realizaron velorios en los que se exigió justicia y se emitieron gritos de impotencia. Aunque no hay una lista oficial, amigos y familiares han dado a conocer en redes sociales nombres de ausentes luego de que acudieron al Waldo’s la tarde del 1º de noviembre.

Entre ellos se hallan Zelma Adilene Quintero, enfermera originaria del municipio de Empalme, junto con sus hijos Danna y Rafael; también María del Carmen Aguilar, empleada de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la joven pareja del municipio de Baviácora, Guadalupe Córdova y Jesús Murrieta.

Asimismo, se confirmó el fallecimiento de Karla Cota y de sus hijos José de Jesús y Diego Eleazar, residentes del poblado Miguel Alemán, en el poniente de Hermosillo, y de Julio César Salas y María Guadalupe Pérez.

A la lista se sumó Francisca Guadalupe con sus hijos Alejandro y Guadalupe; ella presuntamente se encontraba embarazada. Dos víctimas más fueron Joaquín Ortiz, trabajador de una tintorería, y su esposa María Luz Tánori.

La tragedia alcanzó a Edith Villa y a su hija Corina, al igual que al subgerente del sitio siniestrado, Marcos González, conocido por sus compañeros como Marquitos. Su muerte fue confirmada por colegas del gremio de promotores comerciales, quienes expresaron consternación y mensajes de despedida.

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Ayer en la tarde, estudiantes de la Universidad de Sonora marcharon en el interior del campus para demandar justicia y acciones reales que garanticen seguridad.

Al principio de la movilización caminaron en silencio, sosteniendo flores blancas, veladoras y fotografías de las víctimas. Hicieron pase de lista y señalaron que Hermosillo se encuentra herida e indignada, por lo que reclamaron respuestas y castigo a las omisiones que originaron la hecatombe.

Fiscalía advierte de sanciones penales

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que se investigan posibles responsabilidades penales, civiles y administrativas contra particulares y servidores públicos que habrían incumplido el reglamento de protección civil. El fiscal estatal, Gustavo Rómulo Salas, afirmó que “si el negocio no cuenta con la documentación respectiva, estaría funcionando indebidamente”.

Salas adelantó que ya se elaboran oficios que se dirigirán a funcionarios municipales, estatales y federales. “Todas las personas involucradas serán requeridas a comparecer ante el Ministerio Público”, dijo en conferencia.

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La investigación oficial se enfoca en dos líneas: la ausencia o vigencia revocada de permisos de operación y protección civil, y la revisión de instalaciones eléctricas del inmueble, entre ellas un transformador particular que habría propiciado la conflagración.

El titular de la FGJES comentó que los ayuntamientos son responsables de clausurar o solicitar los cierres voluntarios de tiendas que no completen los mecanismos de inspección. Horas después de esta declaración, personal de protección civil comenzó a clausurar almacenes en Guaymas, Ciudad Obregón, San Luis Río Colorado y otras demarcaciones.

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Tres personas siguen hospitalizadas

En tanto, autoridades informaron que tres personas aún están hospitalizadas, una de ellas con quemaduras graves que requieren traslado al extranjero para ofrecerle atención especializada. Las víctimas identificadas han recibido apoyo del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, que les da asesoría legal, y también cobertura de servicios funerarios y sicosociales.

Al concluir la conferencia de Salas, Patricia Duarte, madre de Andrés Alonso, uno de los 49 niños que murieron en el incendio de la Guardería ABC en 2009, lanzó un mensaje directo a las autoridades y a la sociedad sonorense, al exponer que la tragedia del sábado no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón de omisiones públicas que ya ha costado vidas en esta urbe.

“ Esto que sucedió es por lo que en 16 años hemos luchado en el Movimiento 5 de Junio de 2009, y no nos enfocamos sólo en estancias infantiles; lo que paso el sábado (1º de noviembre) es una prueba de lo que puede volver a ocurrir, ya estamos cansados de estos crímenes de Estado, yo no escuché al fiscal hablar de separar del cargo a un funcionario. De verdad no son suficientes 49 niños, salgamos a la calle este 5 de noviembre a marchar, a exigir justicia por las víctimas”, declaró la promotora los derechos humanos.

El edificio del Waldo’s sigue asegurado para que los peritos determinen el origen exacto del fuego, el papel que jugaron el sistema eléctrico, los paneles solares del techo y el transformador particular que explotó al interior del local, que no contaba desde 2021 con un programa interno de Protección Civil autorizado, según el seguimiento de la Secretaría de Gobierno.