Washington, EU.– La Corte Suprema de Estados Unidos acordó este lunes escuchar los argumentos del gobierno de Donald Trump sobre su autoridad para imponer restricciones en el procesamiento de solicitantes de asilo en la frontera con México. El caso será un punto focal en el panorama migratorio y se espera que se escuche el próximo año, con una decisión final programada para finales de junio.

El máximo tribunal aceptó la petición del gobierno para revisar un fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que declaró ilegal la política migratoria conocida como ‘metering’ (medición o dosificación).

El ‘Metering’ y la Controversia Legal

La política de ‘metering’, que no se encuentra actualmente en vigor, permitía a los funcionarios de inmigración estadounidenses frenar el acceso a los solicitantes de asilo en los puertos de entrada, negarse a procesar las peticiones y devolverlos a México.

Aunque la medida fue derogada por el expresidente Joe Biden en noviembre de 2021, el gobierno de Trump ha manifestado su intención de considerarla para un posible restablecimiento.

La demanda inicial contra esta política fue presentada en 2017 en California por solicitantes de asilo y la organización proinmigrante Al Otro Lado. En 2024, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, ratificó la ilegalidad del ‘metering’ en una decisión 2-1.

El tribunal de apelaciones argumentó que la ley federal exige que los agentes fronterizos inspeccionen a todos los inmigrantes que “lleguen” por puntos autorizados, incluso si no han cruzado físicamente la frontera hacia territorio estadounidense, y que la aplicación del ‘metering’ violaba esta obligación.

Críticas de Activistas: “Estrategia Ilegal”

El gobierno solicitó la revisión de este fallo en julio del presente año. Se espera que las organizaciones de defensa de los inmigrantes también presenten sus argumentos ante la Corte Suprema en el próximo año.

Tras el anuncio del máximo tribunal, los solicitantes de asilo y la organización Al Otro Lado emitieron un comunicado conjunto:

” Como bien concluyó el Noveno Circuito, nuestras leyes de inmigración exigen que el gobierno inspeccione y procese a las personas que piden asilo en los puertos de entrada y que les permita presentar sus solicitudes legales en Estados Unidos. La política de rechazo del gobierno fue una estrategia ilegal para eludir estos requisitos, bloqueando físicamente la llegada de solicitantes de asilo”, afirmaron.

La organización concluyó que el ‘metering’ dejó a “familias vulnerables, niños y adultos que huían de la persecución” atrapados en condiciones peligrosas y “expuestos a agresiones violentas, secuestros y la muerte.”