Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República investiga a políticos y empresarios bajacalifornianos, entre ellos a Carlos Alberto Torres Torres, excoordinador de Proyectos Especiales del gobierno de Baja California y exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

El citatorio exige la comparecencia de Torres Torres en las oficinas centrales de la FGR, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, acompañados de un abogado y documentos de identificación oficial.

La denuncia, calificada como anónima por algunos de los implicados, abarca al menos a 20 personas, incluyendo al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz; el exalcalde de Ensenada y actual senador, Armando Ayala Robles; el empresario Fernando Rafael Salgado Chávez; y el hermano de Torres, Luis Alfonso Torres Torres.

Torres Torres, quien fue el centro de atención mediática en mayo pasado cuando junto a su entonces esposa anunciaron la revocación de sus visas de turista por parte del gobierno de Estados Unidos, enfrenta ahora cargos formales como imputado. Según los oficios de la FGR de los que Proceso tiene una copia.

Esto ocurre en medio de una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita y presuntos nexos con la delincuencia organizada. El caso, que involucra a figuras políticas clave de la entidad fronteriza, ha generado revuelo tras la filtración de documentos judiciales que circulan.

Supuestos lazos con el narcotráfico

En octubre de este año, la gobernadora Ávila Olmeda anunció su divorcio, tras meses de especulaciones sobre presiones de Washington por supuestos lazos con el narcotráfico.

Gobernadora Marina del Pilar Ávila anuncia su divorcio de Carlos Torres

Burgueño Ruiz, por su parte, confirmó haber recibido su citatorio y criticó públicamente su filtración, argumentando que se trata de una “denuncia anónima” sin sustento. “Estamos tranquilos porque no hay nada qué temer”, declaró el alcalde durante una conferencia de prensa.

Hasta el momento, ni Torres Torres, ni su exesposa han emitido declaraciones oficiales sobre el citatorio.

El 19 de mayo, el Semanario Zeta reveló que Torres y su hermano Luis Alfonso están bajo investigación en México y EU por tráfico ilegal de diésel (huachicol), evasión fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada. La carpeta de la FGR, abierta el 26 de marzo de 2025, surgió del aseguramiento en Ensenada de un predio con contenedores que albergaban casi 8 millones de litros de combustible ilícito procedente de Texas. En EU, el Departamento de Seguridad del Interior indaga por conspiración para delitos y lavado.

El 10 de noviembre, el Departamento del Tesoro de EU sancionó a una red ligada al Cártel de Sinaloa, incluyendo a Jorge Arturo Rojas Navarro, socio de José Galicot Behar. Este empresario, amigo cercano de Torres, comparte con él lazos políticos y empresariales documentados en eventos públicos y proyectos regionales. Las empresas de Galicot-Rojas, como Escénica Publicidad y Kuk Lab, han obtenido contratos millonarios en Baja California y Sonora para telemetría y geolocalización, presuntamente usados para blanquear fondos de “La Mayiza”, facción sinaloense.

Trayectoria militante

Carlos Alberto Torres Torres es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y posee maestrías en Acción Política y Participación Ciudadana, así como en Administración de Empresas por el CETYS Universidad.

Su trayectoria despegó en el Partido Acción Nacional (PAN), donde militó por más de dos décadas. Entre 1996 y 2000, fue secretario estatal del partido en Tijuana; de 2001 a 2003, asumió como secretario nacional.

En 2010, Torres se postuló como candidato del PAN a la presidencia municipal de Tijuana, aunque no logró el triunfo. Posteriormente, entre 2011 y 2012, fungió como delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, hoy Bienestar) en Baja California. De 2016 a 2019, ocupó una curul como diputado local en el Congreso de Baja California.

Cuando Torres, como diputado local, votó a favor de la controvertida “Ley Bonilla”. Esta reforma, impulsada por el entonces gobernador electo Jaime Bonilla Valdez (de Morena), extendía de dos a cinco años su mandato, violando límites constitucionales y generando un escándalo nacional que culminó en su invalidación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Torres justificó su voto como un acto de “lealtad institucional”, pero el episodio lo catapultó a Morena, donde se integró ese mismo año.Días después, el 20 de septiembre de 2019, se casó con Marina del Pilar Ávila Olmeda, entonces candidata a la alcaldía de Mexicali y sucesora designada de Bonilla como gobernadora. De esta unión nació Diego José en 2020.