Saltillo, Coah.- En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Poder Judicial del Estado llevó a cabo un conversatorio con la participación de diversos colectivos y asociaciones civiles, con el objetivo de dialogar, escuchar y construir propuestas que permitan un acceso pleno, digno e inclusivo a la justicia para todas las personas.

Durante la jornada se presentó el nuevo Protocolo de Actuación para Garantizar el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad, una herramienta que de acuerdo con Tamara Garza Garza, secretaria técnica del órgano de administración judicial, busca transformar las prácticas institucionales mediante la eliminación de barreras físicas, comunicativas y actitudinales, además de promover una visión centrada en la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación.

El conversatorio contó con la presencia de colectivos y representantes de la sociedad civil, entre ellos Sinergia por Amor A.C., Centro de Apoyo a Neurodivergencias, Enlace Conecta, representantes de personas de talla baja en Coahuila, AMEVER, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y del Centro Ecuestre Relámpago, entre otros.

Las y los participantes destacaron la importancia de incluir a quienes viven la experiencia de la discapacidad en la construcción y revisión de políticas públicas. “Nada de nosotros sin nosotros”, recordaron algunos asistentes al tomar la palabra.

Un protocolo que atiende necesidades diversas

Laura Sánchez, titular de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial, expuso los alcances del nuevo protocolo, el cual aborda distintos tipos de discapacidad: auditiva, visual, física-motriz, intelectual, psicosocial y múltiple.

Explicó que el documento establece principios de accesibilidad universal, ajustes razonables, autonomía, consentimiento informado e interseccionalidad, reconociendo que cada persona requiere apoyos específicos y que las soluciones deben atenderse caso por caso.

Sánchez detalló que el Poder Judicial ofrecerá intérpretes, documentos accesibles, incluyendo formatos en braille y versiones compatibles con lectores de pantalla, así como apoyos personalizados y capacitación obligatoria para todo el personal.

También informó que cualquier persona puede presentar quejas de manera sencilla ante la Unidad de Derechos Humanos si considera vulnerado su derecho a la accesibilidad o al trato digno.
Durante el espacio de diálogo, integrantes de las asociaciones participantes señalaron la urgencia de garantizar condiciones reales de accesibilidad y de capacitación sensible para todas las áreas del Poder Judicial.

Erasmo Ramos Gil, de AMEVER, cuestionó el mecanismo mediante el cual se logrará capacitar a la totalidad de jueces, administrativos y servidores públicos: “El protocolo está muy bien, pero en la práctica se necesita que todas las personas del Poder Judicial lo conozcan y lo apliquen”.

Por su parte, Cynthia Molano enfatizó la necesidad de abatir barreras de comunicación más allá de la lengua de señas o el braille. Detalló situaciones cotidianas, como la falta de sensibilidad al dirigirse a personas de talla baja o en silla de ruedas, así como la importancia de la accesibilidad física en edificios públicos, desde rampas correctamente diseñadas hasta escalones obligatorios para facilitar el acceso seguro.

Por su parte los representantes del Poder Judicial reconocieron que el reto es amplio, pero aseguraron que la capacitación y difusión del protocolo ya está en marcha a través del Instituto de Especialización Judicial.

“Este protocolo busca una justicia más humana, accesible e inclusiva. Sabemos que no puede haber justicia plena mientras existan barreras. Nuestro compromiso es avanzar paso a paso hacia un sistema que respete y escuche a todas las personas”, señaló Sánchez.

El conversatorio cerró con un llamado a mantener un diálogo permanente y construir, de la mano de los colectivos, un Poder Judicial más cercano, accesible y garante pleno de derechos para todos.