Cuba.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, propuso el jueves 18 de diciembre a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral) la sustitución del presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio, por el hasta ahora ministro de Justicia, Oscar Silvera.

Ante la plenaria de la ANPP, que celebra este jueves su sesión de diciembre, el Presidente presentó la “liberación” de Remigio tras 27 años al frente del Supremo.

¿Qué declaró el mandatario?

El gobernante reconoció el trabajo del presidente del TSP saliente, su “dinamismo, creatividad y exigencia”, así como “su alto compromiso y sentido de responsabilidad”, según la televisión estatal.

Respecto a la propuesta de Silvera, Díaz-Canel subrayó su “profesionalidad, capacidad de dirección y cualidades personales” del hasta ahora ministro de Justicia, así como su aporte a las normas jurídicas derivadas de la Constitución aprobada en 2019.

La viceministra primera de Justicia, Rosabel Gamón, ocupará la cartera de Justicia, acorde con el anuncio de Díaz-Canel, quien alabó la “modestia, dinamismo, compromiso y entrega incondicional al trabajo” de la nueva ministra.

Renuncia de diputados

El presidente de la ANPP, Esteban Lazo, informó asimismo en la sesión sobre la “renuncia” de tres diputados de cierta relevancia.

Se trató del secretario del parlamento y del Consejo de Estado, Homero Acosta, el ex secretario de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Ulises Guilarte, y el ex presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Ricardo Rodríguez.

Lazo dijo que los diputados habían aceptado las renuncias de Guilarte y de Rodríguez (no la de Acosta), pero no ofreció los motivos de ninguna de estas decisiones.

Acosta, de 61 años, se desempeñaba como secretario de la ANPP desde 2019 y, del Consejo de Estado, desde 2009. Es miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) desde 2016.

En tanto, Guilarte fue “liberado” en julio de su cargo al frente de la CTC, tras permanecer al frente de la organización de trabajadores por 11 años.

La sesión plenaria del Parlamento se desarrolla en un contexto “complejo” marcado por dificultades económicas y una crisis energética —sin solución a largo plazo— a la que se suma ahora la sanitaria, derivada de la actual epidemia de chikunguña y dengue.