La medida no corresponde al programa de regularización de autos “chocolate”, sino al marco jurídico que permite importar de manera legal y definitiva vehículos usados provenientes de Estados Unidos, Canadá o México, siempre que cumplan con las reglas de origen y requisitos técnicos del acuerdo de libre comercio T-MEC.
De acuerdo con el decreto, se mantienen las disposiciones actuales “a fin de contar con un marco regulatorio que otorgue certeza y seguridad jurídica a los importadores de vehículos automotores usados”
El instrumento ratifica que los autos deberán cumplir con las reglas de origen del T-MEC para gozar de trato arancelario preferencial. México mantiene la facultad de impedir la importación de unidades con reporte de robo, restricciones de circulación o incumplimiento de normas de seguridad y ambientales.
La ampliación busca dar continuidad al esquema de importación legal vigente desde 2011, que ha sido modificado en varias ocasiones para adaptarse a las condiciones del mercado fronterizo y las obligaciones comerciales bajo el T-MEC.
La Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda refrendaron que el decreto mantiene vigentes las disposiciones técnicas y administrativas para acreditar el origen de los vehículos, conforme a los criterios del T-MEC. Esto incluye la obligación de presentar una certificación de origen y el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad aplicables en México.
El gobierno argumentó que la ampliación del decreto es necesaria para “fortalecer la integración económica de Norteamérica” y ofrecer certeza jurídica a los importadores formales, en especial en la franja fronteriza norte, donde la actividad comercial con Estados Unidos tiene un peso determinante en el mercado automotriz.
