Monclova, Coah.- En un esfuerzo por sanear las filas de la procuración de justicia en la entidad, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, reveló la apertura de procesos legales contra dos agentes del Ministerio Público señalados por delitos de corrupción y abuso de autoridad.

Durante su reciente gira de trabajo por la Región Centro, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que estas acciones forman parte de un sistema de supervisión más estricto diseñado para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.

Fernández Montañez detalló que ambos casos concluyeron mediante la aplicación de salidas alternas, una figura jurídica contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

“La ley nos faculta para utilizar mecanismos de mediación que garantizan la reparación del daño de manera ágil; esto implica que hubo acuerdos de compensación o pagos directos para resarcir a los afectados por las malas prácticas de los servidores públicos”, puntualizó.

El Fiscal, dijo, que como consecuencia inmediata de estas investigaciones, uno de los funcionarios implicados fue separado definitivamente de su cargo, perdiendo cualquier vínculo laboral con la institución, este movimiento refuerza el mensaje de que la permanencia en la FGE está condicionada a un historial de integridad intachable.

“Contamos con protocolos internos robustos para canalizar cualquier indicio de irregularidad; no permitiremos que el ejercicio del poder se convierta en una herramienta de atropello contra los coahuilenses”, comentó.

Eficaz modelo de justicia

Federico Fernández agregó que el modelo de justicia penal actual permite que, en delitos que no requieren prisión preventiva oficiosa como ciertos actos de corrupción administrativa o abusos menores, el imputado llegue a un convenio con la víctima bajo la supervisión de un juez.

Fernández Montañez advirtió que la resolución económica no exime a los agentes de las sanciones administrativas correspondientes que pueden ir desde la suspensión hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos en el futuro.