López Ibarra firmó esta declaración de culpabilidad en una audiencia realizada durante el 5 de febrero ante la jueza federal Jia M. Cobb. Ello casi un año después de que fuera expulsado de México junto con 27 capos y jefes de diversos carteles del narcotráfico considerados de alto riesgo.
Tras varios meses de negociaciones entre los fiscales y la defensa de López Ibarra liderada por el abogado Frank Pérez (quien también es defensor, entre otros, de Ismael El Mayo Zambada) se alcanzó este acuerdo que, al menos en lo plasmado en el papel, no contempla alguna cláusula de colaboración en cuanto a entrega de información.
En el escrito del acuerdo, al que MILENIO tuvo acceso, se plantea que los cargos de narcotráfico por los cuales se declaró culpable López Ibarra ameritan una condena de prisión que como mínimo puede ser de diez años y como máximo la cadena perpetua, y que podría ir acompañada de una multa de hasta diez millones de dólares.
En retribución a la decisión de López Ibarra de renunciar a su derecho a ir a un juicio y de presentar futuras apelaciones, los fiscales han aceptado emitir una recomendación que reduzca los riesgos de imposición de la pena más severa, aunque se subraya que la decisión final recaerá en la jueza.
Tras la presentación y firma de esta declaración de culpabilidad la jueza Cobb convocó a las partes a una audiencia de preparación de sentencia para el próximo 6 de mayo. López Ibarra también se comprometió a entregar datos sobre todos sus bienes y recursos financieros obtenidos ilícitamente.
Historial criminal de ‘El Nito’
La declaración de cargos firmada por López Ibarra establece que entre 2003 y 2016 él fue integrante de una conspiración criminal que tuvo lugar en México, Guatemala y Colombia, y cuya finalidad fue traficar toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos por tierra, mar y aire.
López Ibarra realizó esta actividad primero como aliado de una facción del Cártel de Sinaloa y luego desde una posición de liderazgo de la organización criminal de los Beltrán Leyva, bajo las órdenes de su entonces jefe Arturo Beltrán Leyva.
Para poder ejecutar esta actividad López Ibarra dijo que en varios momentos tuvo bajo su cargo aeronaves y vehículos con compartimentos secretos, en los que por un lado se escondía cocaína hacia los Estados Unidos, y posteriormente se utilizaban para esconder el dinero producto de esos negocios ilícitos.
“ El acusado (López Ibarra) sabía que, durante la conspiración, sus co-conspiradores pagaron sobornos a policías y funcionarios del gobierno en México. Asimismo, el acusado sabía que dichos sobornos se pagaban para que el gobierno mexicano no interfiriera en las actividades de narcotráfico del acusado y de otras personas”, indica la declaración.
Estas actividades delictivas, de acuerdo con la narración de hechos, solo se habrían detenido parcialmente durante el periodo en que López estuvo detenido en México entre 2009 y 2014. Al salir de prisión habría reanudado nuevamente sus actividades criminales hasta que finalmente fue capturado en cumplimiento de una orden de aprehensión con fines de extradición hacia los Estados Unidos.
A través de múltiples recursos legales El Nito logró retrasar su extradición. En enero de 2019, por ejemplo, MILENIO dio cuenta de la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal que amparó al narcotraficante en contra de la resolución de extradición que ya había emitido la Cancillería, lo que provocó que todo el proceso tuviera que ser reiniciado.
El tema seguía estancado en dichos procesos judiciales hasta que, en febrero del año pasado, México determinó expulsar de facto a 29 personas sin procesos de extradición terminados, entre ellas López Ibarra, bajo el argumento de que su presencia en México continuaba siendo una amenaza a la seguridad del país aun estando presos.
Capos refieren rendirse
El caso de López Ibarra se suma al de varios narcotraficantes mexicanos más que fueron expulsados o extraditados hacia los Estados Unidos en los últimos dos años, y que en su mayoría han optado por buscar acuerdos y renunciar a defenderse e ir a juicio a cambio de promesas de penas reducidas.
Entre los casos destacados están los de los dos Chapitos, Ovidio y Joaquín Guzmán López, quienes se declararon culpables en una corte federal de Chicago de 2025 y que, además, aceptaron convertirse en testigos colaboradores. Ambos están en espera de sentencia.
A ellos se suma el caso de Ismael El Mayo Zambada quien también se declaró culpable de múltiples cargos de narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero en la corte federal de Brooklyn, Nueva York. El líder del Cártel de Sinaloa espera el dictado de una condena que, con alta probabilidad, será una prisión de por vida.
A ellos se suman personajes acusados de ser operadores financieros ligados a los cárteles como Lucio Hernández-Mora, quien se declaró culpable el 27 de agosto de 2025, y Sandra Bejarano-García, quien se declaró culpable el 30 de septiembre de 2025 por conspiración para el lavado de dinero en una corte de Georgia.
Otros capos detenidos como Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, se encuentran actualmente en negociaciones para emitir un acuerdo de culpabilidad y evitar el juicio.
