La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ocupa hoy un lugar “mucho más visible y protagónico” en el espacio público, que antes no tenía. “Las expectativas sociales […] respecto de sus funciones de resolución de conflictos e interpretación constitucional no tienen precedentes en la historia nacional”. Así lo advertía en 2018 el entonces presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, en la presentación del ensayo Veinte años no es nada. La Suprema Corte y la justicia constitucional antes y después de la reforma judicial de 1994. Ese año —apunta— fue especialmente crítico para México. En lo económico, porque la recesión causada por la política cambiaria del Gobierno “puso en entredicho la viabilidad del modelo neoliberal […]”.

En el ámbito social, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) “generó serias dudas sobre el éxito de las medidas […] para encauzar a la oposición por la vía electoral”. En el terreno político, “los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu, y el triunfo por doceava ocasión consecutiva del Partido Revolucionario Institucional en la elección presidencial, minaron aún más la legitimidad del régimen presidencialista y de partido hegemónico que se había instalado 60 años antes. Como era de esperar, el sistema judicial no quedó al margen de la crisis”.

En su toma de posesión el presidente Ernesto Zedillo reconoció que “Los brutales asesinatos de figuras destacadas de la vida pública del país han lastimado hondamente a la ciudadanía, han sembrado inquietud y duda sobre algunas instituciones y —debemos admitirlo— han dividido a los mexicanos”. El Mandatario se congratuló de contar, “en la cúspide del sistema de justicia, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha sabido ganarse a pulso el respeto de la sociedad mexicana por su desempeño ético y profesional”. Esa SCJN “ejemplar”, en realidad no existía. Zedillo la desapareció en el primer mes de su Gobierno (diciembre de 1994) e instaló en su lugar otra, integrada por 11 ministros (15 menos que la anterior), cuyo periodo limitó a 15 años; antes eran vitalicios.

Los ministros formaban parte de la élite dorada del Estado. Sus percepciones anuales ascendían a 3.8 millones de pesos por concepto de sueldos y prestaciones: seguros de gastos médicos mayores, de separación y de vida, prima vacacional, aguinaldo, estímulo de antigüedad y pago por riesgo. Cada funcionario disponía, además, de dos camionetas Suburban blindadas, choferes, escoltas y otros privilegios. La reforma judicial de 2024 no fue al vapor, como la previa. Tardó años hasta que Morena y sus socios (PT y Verde) alanzaron la mayoría calificada en el Congreso.

La reforma de 2025 redujo el tamaño de la SCJN a nueve ministros (como en Estados Unidos), los cuales dejaron de ser nombrados por el Senado a propuesta del Presidente para ser electos en las urnas por un periodo de 12 años. El sueldo neto y las prestaciones anuales ahora son de 2.1 millones de pesos. Uno de los conceptos suprimidos, dentro del rubro de “servicios”, es el “pago por riesgo”, por el cual cada juez recibía 639 mil pesos. El mundillo político y mediático se escandalizó por la compra de camionetas Grand Cherokee. Para apagar polémica, los ministros decidieron devolver los vehículos. Sus predecesores jamás lo hubieran hecho. Habitaban en una burbuja. Los grupos de interés los protegían y a la opinión pública la veían por encima del hombro.