Ciudad de México.– El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, presentará este lunes un proyecto clave que busca ratificar la imparcialidad de la ministra María Estela Ríos González. La propuesta permitiría a la ministra participar plenamente en el debate que definirá el futuro de la prisión preventiva oficiosa en México.

La controversia surgió luego de que Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz —quienes pasaron 17 años en prisión preventiva— recusaran a la ministra. Los promoventes argumentaban que su anterior cargo como consejera jurídica del Ejecutivo federal (2021-2024) comprometía su criterio, señalando un comunicado de 2022 donde ella solicitaba mantener dicha figura jurídica.

Argumentos de la Presidencia de la Corte

En su proyecto, el ministro Aguilar Ortiz sostiene que el desempeño de cargos públicos previos no es razón suficiente para concluir que existe un interés personal que incline el sentido de una sentencia. Según el documento, la imparcialidad de un juzgador debe presumirse a menos que existan pruebas objetivas de un riesgo real, las cuales no se aportaron en este caso.

Aguilar Ortiz subraya que el pronunciamiento de 2022 fue una actuación institucional y no una postura personal inamovible. Además, destaca un punto temporal determinante: el comunicado en cuestión se emitió meses antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) dictara la sentencia que ordena a México eliminar la prisión automática, por lo que era técnicamente imposible que la ministra hubiera fijado una postura anticipada sobre el expediente actual.

Hacia una definición histórica

El expediente en disputa, identificado como el 3/2023, es fundamental para el sistema de justicia mexicano, ya que determinará cómo debe actuar el Poder Judicial para cumplir con los mandatos internacionales que exigen dejar de aplicar el arraigo y la prisión preventiva automática.

De aprobarse la propuesta de Aguilar Ortiz, Ríos González no solo intervendrá en la resolución, sino que su voto será parte de la decisión histórica que alineará (o no) la Constitución mexicana con los tratados internacionales de derechos humanos.