Ciudad de México.– La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió por unanimidad negar las medidas cautelares solicitadas por el PRI y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, contra dos promocionales de Movimiento Ciudadano (MC) que abordan el polémico caso de la empresa Next Energy.

El órgano electoral determinó que los contenidos difundidos por el “partido naranja” no constituyen calumnia ni un uso indebido de la pauta, ratificando la permanencia de los spots en los tiempos oficiales del Estado.

Libertad de expresión frente a la crítica política

La controversia surgió luego de que el Revolucionario Institucional y De la Garza denunciaran la presunta imputación de delitos falsos. Sin embargo, tras el análisis técnico, la Comisión concluyó que los mensajes no atribuyen hechos ilícitos de manera directa y falaz, sino que se enmarcan en el debate público.

” “No se advierte la imputación de un hecho o delito falso, sino cuestionamientos o críticas respecto a las actividades de una empresa y la gestión de este último, lo cual está amparado por la libertad de expresión”, argumentó el colegiado durante la sesión.

Pauta de carácter genérico

Respecto al señalamiento de un posible uso indebido de la pauta publicitaria, los consejeros determinaron la improcedencia de suspender los videos. El INE subrayó que los contenidos son de índole genérico y tratan temas de interés general, lo cual es válido dentro del intercambio de posturas políticas en el país.

El mensaje de la discordia

A raíz de esta resolución, Movimiento Ciudadano intensificó su presencia en plataformas digitales compartiendo el promocional bajo el lema:

” “Este es el video que el PRI y Adrián de la Garza no quieren que veas… denunciaron ante el INE porque no quieren que sepas la verdad sobre el fraude que cometieron con Next Energy en Monterrey”.

Con esta decisión, el INE reafirma el criterio de que los funcionarios y partidos políticos están sujetos a un umbral de crítica más amplio, especialmente cuando se trata de la fiscalización de recursos y proyectos de infraestructura pública.