EL GOBIERNO de México volvió a colocar al sector energético en el centro de su estrategia económica, aunque lo hace con retrasos que ya tienen implicaciones concretas en inversión y competitividad. Con una mayor apertura a la participación privada y con intentos de simplificación regulatoria, el segundo piso de la 4T busca corregir un periodo de cierre e incertidumbre, aunque aún no está claro si será suficiente.

Las cifras que rodean al sector muestran que la demanda eléctrica crecerá con fuerza en los próximos años, impulsada por la relocalización industrial, la digitalización y la expansión de sectores intensivos en energía.

En Estados Unidos, el consumo podría aumentar cerca de 50%, y México, por su papel en las cadenas de manufactura, enfrenta presiones similares o incluso superiores en zonas industriales clave.

Sin embargo, el punto de partida es complejo. Katya Samohano, CEO de Iberdrola México, ha señalado que empresas instaladas en el norte del país llegaron a pagar entre 30% y 40% más por electricidad que sus competidores en Texas. Esa brecha incidió directamente en decisiones de inversión y expansión.

En este contexto, el viraje de la política energética hacia una apertura regulada representa una señal positiva. Samohano lo definió como un cambio constructivo, aunque todavía incompleto. La salida de Iberdrola de varios activos en México dejó claro que la confianza no se reconstruye con ajustes graduales, sino con certidumbre sostenida.

Ahí se concentra uno de los mayores desafíos, con tres frentes críticos: reglas claras y previsibles, expansión de la red eléctrica y alineación entre el desarrollo energético y la demanda industrial. Este último elemento es especialmente relevante en un entorno de nearshoring acelerado.

La red de transmisión sigue siendo el punto más débil del sistema. Sin capacidad suficiente para transportar electricidad, la discusión sobre nuevas centrales pierde sentido operativo. En los hechos, la infraestructura existente limita la incorporación de nueva generación, incluso cuando existen proyectos viables.

A esto hay que sumar la variable del tiempo. La infraestructura energética no se construye en ciclos políticos, sino en horizontes de largo plazo. Un proyecto puede tardar entre cinco y seis años en entrar en operación, mientras que otras inversiones, como redes eléctricas o gasoductos, requieren décadas para recuperar capital.

También persiste la dependencia estructural del gas natural proveniente de Estados Unidos, una ventaja en costos, pero insuficiente para sustituir una política energética integral.

Las medidas anunciadas recientemente, como la reducción de trámites de más de un año a seis meses, apuntan en la dirección correcta. No obstante, el problema va mucho más allá de los procesos administrativos.

Se requiere ejecutar proyectos, invertir en redes, coordinar la demanda con la infraestructura y ofrecer condiciones estables para el capital. Sin esos elementos, el crecimiento energético seguirá avanzando por debajo de lo que exige la economía.

México tiene el potencial, pero la ventana para capitalizarlo no permanecerá abierta indefinidamente.

En temas relacionados con energía, Control Empresarial de Capitales, brazo de inversión de Carlos Slim, decidió extender por un año el acuerdo que limita su participación en Talos Energy. La modificación, firmada en diciembre de 2025, mantiene hasta el 16 de diciembre de 2026 el tope de 25% en la tenencia accionaria.

Este tipo de restricciones busca evitar cambios abruptos en el control corporativo dentro de la petrolera estadounidense. Al corte de marzo de 2026, la participación de la familia Slim se ubicaba en 24.7%, muy cerca del límite establecido. El acuerdo original impedía adquirir más acciones durante al menos un año para no rebasar ese umbral. Paralelamente, el movimiento estratégico también se trasladó a México, con un incremento en la posición dentro de Talos Energy México.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un programa para renegociar y liquidar créditos de 70 mil beneficiarios de la extinta Financiera Nacional. La medida prioriza a mujeres mediante la condonación total de sus saldos, en un intento por aliviar la economía familiar y frenar los abusos derivados de esquemas de cobranza heredados de administraciones pasadas.

Durante años, estos créditos acumularon intereses de entre 50% y 100% anual, lo que derivó en presiones financieras y prácticas intimidatorias contra miles de deudores. La desaparición de despachos de cobranza marca un giro en la relación entre el Estado y los acreditados. Ahora se plantea un modelo donde los pagos se ajusten a la capacidad real de las personas.

Por su parte, INFONAVIT lanzó una plataforma digital para que empresas, constructores y desarrolladores consulten el potencial de vivienda pendiente por contratar en todo el país.

La herramienta desagrega información por estado y municipio, alineándose con la meta sexenal del Programa de Vivienda para el Bienestar. El movimiento del instituto, dirigido por Octavio Romero, busca dar mayor visibilidad a la demanda real y ordenar la participación del sector privado.

Finalmente, México también busca reducir de 36 a 3 meses la liberación de dispositivos médicos mediante una simplificación administrativa que podría transformar el ritmo del sector salud. La meta no solo implica agilizar trámites, sino consolidar al país como exportador clave en la región y el sexto a nivel mundial.

Para 2026, autoridades y la industria plantean una reconfiguración técnica del proceso regulatorio, con el objetivo de eliminar rezagos históricos dentro de COFEPRIS, sin comprometer la calidad ni la seguridad.

La integración de nuevas categorías, como el software médico, refleja una adaptación necesaria al avance tecnológico. También se busca homologar criterios internacionales para evitar duplicidades y rezagos administrativos.