Chilapa, Guerrero.– La crisis de violencia en la Montaña Baja de Guerrero se agudizó este lunes con la retención de funcionarios estatales por parte de civiles armados y la denuncia de la desaparición de 13 personas pertenecientes a la comunidad indígena de Xicotlán.

Interceptan convoy oficial en El Jagüey

La dirigencia del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) informó que un convoy encabezado por el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, fue interceptado en el crucero de la comunidad de El Jagüey, sobre la carretera Chilapa–José Joaquín de Herrera.

Según la organización, los responsables de la retención son presuntos integrantes de base del grupo criminal Los Ardillos. El funcionario se dirigía a la comunidad de Alcozacán para reunirse con familias desplazadas de Tula, Xicotlán y Ahuehuetlán, quienes huyeron de sus hogares tras recientes ataques armados.

Pese a que Rodríguez Cisneros ha reiterado que el gobierno estatal no respalda a ningún grupo y que existe presencia del Ejército y la Policía Estatal, habitantes de la zona han difundido videos denunciando el abandono institucional y la falta de auxilio real.

Emergencia humanitaria: 13 desaparecidos y uso de drones explosivos

Paralelamente, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan lanzó una alerta urgente por la desaparición de 13 habitantes de Xicotlán en medio de la ola de violencia que se recrudeció desde el pasado 2 de mayo.

Puntos críticos denunciados por Tlachinollan:

– Ataques de alto poder: Uso de rifles de asalto y drones cargados con explosivos contra la población civil.

– Desplazamiento forzado: Cientos de familias permanecen refugiadas en los cerros o comunidades vecinas, escondiéndose durante las noches para evitar ser ejecutadas.

– Búsquedas ciudadanas: Ante la ausencia de las autoridades, los familiares han formado brigadas propias, pese al asedio de los grupos delictivos.

” “La angustia es mayor porque las autoridades no acuden en su auxilio. Los familiares saben que se encuentran asediados por grupos de la delincuencia”, sentenció el organismo defensor de derechos humanos.

Cifras de terror en la zona indígena

La violencia en esta región no es un fenómeno aislado. Según registros de organizaciones civiles, la disputa territorial entre grupos criminales ha dejado un saldo de al menos 76 asesinatos y 25 desapariciones en los últimos años dentro de la zona indígena de Chilapa.

Tlachinollan y el CIPOG-EZ exigieron al gobierno federal y estatal una intervención inmediata que garantice la localización de los 13 desaparecidos y la seguridad permanente en las comunidades, advirtiendo que la vida de cientos de familias indígenas pende de un hilo ante el control territorial de la delincuencia organizada.