Washington.- El gobierno de Estados Unidos firmó el 19 de mayo de 2026 una orden ejecutiva titulada Restablecer la integridad del sistema financiero estadounidense, que refuerza la supervisión de cuentas, transferencias, créditos y operaciones financieras relacionadas con personas sin autorización legal para trabajar en el país.

El documento instruye al Departamento del Tesoro a emitir, en un plazo de 60 días, una advertencia formal a bancos e instituciones financieras sobre los riesgos asociados con personas indocumentadas y empleadores que incumplan leyes migratorias o fiscales. En plazos de 90 y 180 días, los reguladores deberán presentar propuestas regulatorias adicionales.

Entre las medidas contempladas destacan la supervisión de transferencias transfronterizas de bajo monto, el monitoreo de depósitos y retiros en efectivo considerados “estructurados”, la vigilancia de cuentas abiertas con Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) y la evaluación de operaciones vinculadas con tarjetas de identificación consular extranjeras, como la matrícula consular mexicana.

La orden también establece que las instituciones financieras deberán considerar el riesgo de impago en créditos hipotecarios, préstamos automotrices y tarjetas de crédito otorgados a personas que enfrentan posibles deportaciones o pérdida de ingresos por procesos migratorios.

El gobierno estadounidense argumenta que algunas transferencias de dinero pueden estar vinculadas con narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero, e incluye referencias a redes chinas de lavado que habrían utilizado cuentas en EU para mover recursos ligados al tráfico de fentanilo.

El documento aclara que la orden deberá aplicarse conforme a la legislación vigente y que no genera derechos legales adicionales para particulares o instituciones.