Monclova, Coah.- El presunto feminicida Ramiro Alexandro ’N’, requerido por la justicia de Coahuila tras el asesinato de Silvia Aracely, en Monclova, fue trasladado de urgencia al Centro Correccional Diamondback en Watonga, Oklahoma, donde espera su inminente deportación a México.

Esta movilización, confirmada por el Localizador Oficial de Detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), saca al imputado del Estado de Texas, lugar donde originalmente se encontraba bajo el resguardo de las oficinas federales de Dallas. A pesar de este cambio físico de prisión derivado de la logística interna del sistema migratorio estadounidense, el control y la gestión administrativa de su expediente legal se mantienen bajo la estricta tutela de la Oficina de Control de Casos (ERO) texana.

La relocalización del sospechoso marca un punto crítico en la cooperación binacional que llevó a su captura a mediados de julio en el condado de Sherman, Texas, una zona fronteriza ubicada a mil kilómetros del lugar del crimen. De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Ramiro Alexandro ’N’., habría evadido la justicia mexicana la misma madrugada del domingo en que se perpetró el feminicidio, utilizando su propio vehículo para cruzar de forma ilegal hacia el territorio norteamericano, lo que activó de inmediato una alerta de búsqueda internacional.

Mientras el imputado permanece recluido en la instalación federal de Oklahoma, el Ministerio Público en Monclova mantiene la integración de la carpeta de investigación con carácter de urgente para robustecer los elementos probatorios antes de su extradición.

El sujeto cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de feminicidio, tipificado en el Código Penal de Coahuila como uno de los delitos más graves contra las mujeres. Una vez que las agencias estadounidenses concluyan el protocolo de repatriación y lo entreguen formalmente en la frontera a los agentes ministeriales mexicanos, el detenido será presentado ante un Juez de Control, donde la Fiscalía buscará una sentencia condenatoria que, de acuerdo con la legislación penal vigente en la entidad para este tipo de crímenes, podría alcanzar una pena máxima de hasta 70 años de prisión ordinaria.