Línea de análisis

Por: Alejandro Robledo F.

En las últimas dos semanas, mientras el país tenía la mirada puesta en el Mundial y los partidos de la Selección Mexicana, Estados Unidos siguió moviendo piezas contra el gobierno morenista. Los Angeles Times y luego The New York Times revelaron que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y el de Tamaulipas, Américo Villarreal, estaban bajo investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado y con el huachicol, a quienes ya les habían retirado la visa. En paralelo, seguía avanzando la solicitud de extradición de EUA contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios acusados por la Fiscalía Federal de Nueva York por narcotráfico. La solicitud cumplió 60 días el pasado 10 de julio, plazo legal para que se respondiera; pero el gobierno mexicano y la presidenta Sheinbaum dejaron claro que van a defender a los señalados al declarar que “no hay pruebas de su culpabilidad” y que “es un ataque a la soberanía nacional”.

El caso más incómodo para esa defensa a ciegas es el de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, señalada por el propio exgobernador Jaime Bonilla desde 2022 de haber llegado al poder con apoyo del narco, algo que hoy repite llamándola “narcogobernadora”. A eso se sumaron, tres filtraciones de audios del periodista Héctor de Mauleón, entre el 21 de junio y el 16 de julio, en las que negocia con supuestos intermediarios del FBI para frenar cargos y una posible extradición, e incluso acuerda reunirse con agencias de EUA en Panamá. Aún así fue defendida por la Presidenta Sheinbaum, diciendo que “era una cooperación institucional”, una excusa cuestionable.

El caso de la gobernadora Marina del Pilar es importante porque se encuadra en lo que el gobierno morenista y la dirigencia de Morena intentó hacer contra la gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos, a la que querían juzgar por “traición a la patria” por facilitar la operación de la CIA en la destrucción de un narco-laboratorio. Ante las críticas, Sheinbaum respondió que son “casos distintos”. Ese doble rasero no es casualidad: Marina del Pilar ha sido señalada desde el 2021 como parte de la red de políticos morenistas que era financiada por Sergio Carmona “El Rey del Huachicol”, asesinado en 2021 y operada por Mario Delgado, entonces dirigente de Morena.

El Mundial fue utilizado por el gobierno mexicano como la cortina perfecta. Con el país absorbido por los partidos y la esperanza de ver a la Selección tratar de pasar de Octavos de Final (lo que no se logró), las revelaciones contra más políticos morenistas siguieron pero tuvieron un menor impacto. La presidenta Claudia Sheinbaum continuó la defensa de los morenistas día a día, en vez de ordenar investigar a señalados, pidió que se hablará de García Luna, de Calderón y de Peña Nieto. Cada morenista señalado fue defendido argumentando “falta de pruebas, violación a la soberanía, falta de proceso apegado a derecho”. Esa justificación ya se ha convertido en el argumento de la campaña ilegal de morenistas en todo el país, que con la excusa de “defender la soberanía” recorren ciudades, hacen asambleas y buscan posicionarse para las elecciones de 2027. Pero lo cierto es que repetir que todo es una “operación de la ultraderecha de EUA” ya no les está funcionando con la ciudadanía.

Pero bien dice el principio de física “a cada acción corresponde una reacción” y la respuesta de EUA no se hace esperar: funcionarios estadounidenses han filtrado con mayor frecuencia detalles de las investigaciones a medios como LA Times y NYT y periodistas y medios mexicanos críticos del régimen de la autodenominada “4T” y el embajador Ronald Johnson ha aumentado su operación política y subido el tono de sus mensajes, en los que iguala, en los hechos, al gobierno mexicano con los cárteles que dice combatir.

También, el martes pasado, el director de la DEA, Terry Cole, subió el tono todavía más: habló abiertamente de una “conexión mortal” entre el gobierno de México y los cárteles mexicanos, y llegó a decir que ambos “son lo mismo”. El Secretario de Estado Marco Rubio en la cumbre contra “El terrorismo transnacional de extrema izquierda” organizada este 16 de julio, describió al izquierdismo radical como una rebelión “de los débiles y los cobardes contra los fuertes y los buenos”. El presidente Trump en sus mensajes por el Aniversario 250 de la Independencia de EUA reforzó ese mismo discurso anticomunista y antiizquierdista e incluso los llamó “lunáticos” y prometió “aplastarlos”.

Para un gobierno mexicano que se define a sí mismo como de izquierda, y se alía, defiende y financia a regímenes como Cuba y Nicaragua, y antes a Venezuela, y que ya enfrenta señalamientos directos de narcopolítica, esta escalada ideológica debería ser leída por los asesores de la Presidenta como preparación del terreno por parte de EUA para una acción más contundente del gobierno de Trump contra políticos mexicanos vinculados a la protección del narcotráfico y crimen. El mensaje para el gobierno mexicano es claro y se amplía el terreno de la disputa de lo criminal a lo ideológico.

Fuentes diplomáticas extranjeras en la Ciudad de México con las que he platicado coinciden en que la ofensiva contra funcionarios mexicanos no es improvisada: forma parte de una hoja de ruta que la Casa Blanca ya tenía trazada desde el 2025, con un orden de prioridades que colocaba primero a Venezuela, después a Irán, luego a Cuba y, para después del Mundial, a México. El caso Rocha Moya, según estas mismas fuentes, llevaba meses armado y estaba calendarizado para después de la Copa del Mundo; lo que lo adelantó fueron las declaraciones de Sheinbaum en la cumbre “antiTrump” de Barcelona. El otro hecho que adelantó el plan de EUA contra políticos de Morena fue la forma en que Palacio Nacional manejó el episodio de los agentes estadounidenses fallecidos en Chihuahua. El marco legal para escalar ya existe: cárteles designados como organizaciones terroristas, las drogas como armas de destrucción masiva y la seguridad regional y de México asignada al Comando Norte.

El cálculo de fondo de analistas y diplomáticos, es que Sheinbaum no tiene margen real de negociación: no puede entregar personas que ayudaron al financiamiento de las campañas de Morena sin desarmar a su propio partido, y Estados Unidos lo sabe. Por eso la estrategia estadounidense sería escalonada: ir liberando órdenes de aprehensión, medir la reacción, subir después a extradiciones y filtración de evidencia, y en el caso de que el gobierno mexicano busque blindar a objetivos (Rocha, Américo, Durazo) quizás sí “sustraerlos” como han hecho con capos del crimen. Una intervención militar directa quedaría descartada por cálculo migratorio: desestabilizar por la fuerza dispararía una migración masiva que ninguna administración querría gestionar antes de una elección.

La Presidencia de México no ignora el riesgo, y ahora buscan aprovecharlo, la apuesta es polarizar a mexicanos con miras a la elección del 2027 presentando el discurso de “intervencionistas vs soberanistas” y capitalizar esa narrativa para que el gobierno active a una base social que hoy ve desmovilizada y aceitarla con más programas sociales. Mientras la oposición mexicana sigue de espectadora, sin plan ni estrategia propia.

Notas al margen

“La Reina del carbón”

Mientras Washington apunta contra gobernadores morenistas, en Coahuila cayó la versión local del mismo patrón: Tania Flores Guerra, “la Reina del carbón” y exalcaldesa de Múzquiz, fue detenida el 4 de julio y vinculada a proceso por peculado por un desfalco estimado en 22 millones de pesos, ya que presuntamente utilizaba el presupuesto del municipio para pagar contratos a empresas fantasma para lavar el dinero y llevarlo a sus cuentas personales. Mientras su hermano, el diputado local Antonio “Tony” Flores se dedicaba a patrocinar políticos para que los defendieran, comentan que no sólo pagó a Ricardo Mejía Berdeja, su socio y cómplice, sino también a otros dos diputados morenistas de Coahuila, uno local y otro federal.

Aunado a esto, la Auditoría Superior de la Federación señaló que empresas ligadas a la familia Flores recibieron 3,200 millones de pesos en contratos de la CFE entre 2020 y este año. La fórmula que relatan era así: Ricardo Mejía Berdeja siendo Subsecretario de Seguridad Federal gestionaba los contratos de carbón ayudado de su operador Jorge Luis Morán a través de funcionarios de CFE del círculo cercano de Bartlett. El carbón que compraban era a precios inflados y sin la calidad para generar energía. Tony tenía un acuerdo directo con la dupla Mejía Berdeja para entregar parte de la ganancia con las que financiaba su política y a los funcionarios de CFE les pagaba 90 pesos por cada tonelada de carbón que le compraban. Esto fue denunciado ante la propia CFE en el año 2022 por otros carboneros beneficiados en menor medida por Mejía y Morán; y que continuaron como proveedores de CFE con la condición de no hablar más de la corrupción de los funcionarios de Bartlett.

Además de las investigaciones y denuncias contra Tania Flores por parte de la Fiscalía de Justicia del Estado de Coahuila, en círculos políticos de la Ciudad de México ha trascendido que Tony Flores y otros empresarios del carbón beneficiados en la gestión de Bartlett, también estarían siendo investigados por la Fiscalía General de la República por las compras irregulares de carbón, y también por el probable delito de tráfico de hidrocarburo o “huachicol”. En estos expedientes de la FGR se investiga el uso de los patios de carbón como “espuelas” para la venta de hidrocarburo ilegal; y el uso de diésel robado para maquinaria y las góndolas para transportar el mineral.

No cabe duda que las investigaciones federales y estatales de las redes del negocio del carbón y huachicol van a dar mucho más de qué hablar en Coahuila, tanto por su dimensión como por sus protagonistas.