POR: ÓSCAR MARIO BETETA

La irrupción repentina de 72 mil migrantes marroquíes que en cuestión de minutos inundaron Ceuta, la única frontera terrestre de Europa con África, abre de nueva cuenta el debate sobre la capacidad de cada país de proteger sus fronteras, la migración, los derechos humanos y la radicalización de los discursos.

El hecho no es aislado. A principios de junio, en Irlanda y varias localidades de Gran Bretaña se registró una ola de disturbios cuando grupos violentos incendiaron vehículos, atacaron negocios y agredieron a personas migrantes en Dublín, después de que grupos de extrema derecha explotaran un ataque con arma blanca para difundir mensajes xenófobos en redes sociales.

Lo mismo ocurre en Francia, Italia, Alemania, Países Bajos y Estados Unidos.

En prácticamente todo Occidente, la migración se ha convertido en el combustible perfecto para movimientos políticos que buscan respuestas simples a problemas extraordinariamente complejos.

Las imágenes de miles de personas cruzando la frontera de Ceuta son impactantes, así como también lo es la cifra de 100 migrantes que, según diversos reportes, murieron durante la crisis.

Pero detrás de cada migrante muerto hay bandas criminales dedicadas al tráfico de personas, que explotan la miseria, y también una lista interminable de problemas estructurales –y ahora también ambientales– que empujan a las personas migrantes a dejar atrás pueblos, ciudades, familias, madres, hermanos, hermanas e hijos.

Según datos de Frontex, el organismo de la Unión Europea encargado de proteger las fronteras, entre 2021 y abril de 2026 se registraron más de 473 mil cruces irregulares por la ruta del Mediterráneo Central; 341 mil por los Balcanes; 253 mil por el Mediterráneo Oriental; 144 mil por África Occidental, y 92 mil por el Mediterráneo Occidental.

Sin embargo, lejos de crecer sin control, desde 2023 las cifras van a la baja, y en 2025 se detectaron apenas 180 mil entradas irregulares en todo el continente. Los datos reflejan un problema, pero no una amenaza civilizatoria.

Lo preocupante es la respuesta política. La crisis de Ceuta ha servido para endurecer aún más el discurso de sectores conservadores y de extrema derecha que presentan a los migrantes como una amenaza existencial para Europa.

En varios países ya se discuten centros de deportación fuera del territorio comunitario, restricciones más severas al asilo y mecanismos de vigilancia cada vez más intrusivos.

Estados Unidos ofrece un ejemplo aún más evidente. Durante los últimos años, el endurecimiento de las políticas migratorias ha estado acompañado por una narrativa que vincula sistemáticamente migración con criminalidad.

Las redadas masivas, el aumento de las deportaciones y la militarización de la frontera sur han contribuido a normalizar la idea de que el migrante representa un riesgo para la seguridad nacional.

Sin embargo, numerosos estudios académicos han mostrado que los inmigrantes cometen delitos en tasas iguales o incluso menores que las de la población nativa.

La historia demuestra que criminalizar grupos humanos suele tener consecuencias peligrosas. En distintas épocas se hizo con judíos, gitanos, afrodescendientes o minorías religiosas.

Hoy, el migrante corre el riesgo de convertirse en el nuevo chivo expiatorio de sociedades que enfrentan problemas económicos, demográficos y de identidad mucho más profundos. Nada de esto implica negar el derecho soberano de los Estados a controlar sus fronteras. Ese derecho existe y debe ejercerse.

Pero una cosa es administrar los flujos migratorios y otra muy distinta construir discursos que deshumanicen a quienes migran. La crisis de Ceuta debería servir para reflexionar sobre las verdaderas causas de la movilidad humana y no para alimentar fantasmas políticos.

Porque cuando el miedo sustituye a la razón, las fronteras dejan de ser líneas de protección y se convierten en trincheras ideológicas. Y cuando eso ocurre, los derechos humanos suelen ser las primeras víctimas.