Saltillo, Coah.— La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) las denuncias correspondientes por hechos posiblemente constitutivos de delito relacionados con la ocupación y uso ilegal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) en Sayulita, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Durante un recorrido de vigilancia, personal de la Profepa en Nayarit identificó y documentó diversas instalaciones y estructuras utilizadas para actividades comerciales en áreas de playa y Zofemat.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran dos ocupaciones con superficies aproximadas de 47.95 y 69.35 metros cuadrados, respectivamente. Algunas de estas áreas se encuentran dentro de superficies concesionadas a terceros, cuyos titulares previamente habían denunciado la ocupación por personas distintas a los concesionarios.

Uno de los hallazgos que quedó asentado en el acta correspondiente fue la presencia de costales colocados sobre la zona de playa, un tanque de gas LP y un sanitario cuyos desechos eran vertidos directamente hacia la arena, de acuerdo con la documentación levantada por la autoridad ambiental.

Los hechos fueron registrados mediante fotografías, coordenadas geográficas, características físicas y mediciones de las superficies ocupadas, elementos que fueron incorporados a las actuaciones correspondientes. En el operativo participaron también elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal.

La Profepa informó que, además de las denuncias presentadas ante la FGR, dará continuidad a los procedimientos administrativos que correspondan para verificar el cumplimiento de la legislación federal y contribuir a la protección y adecuado uso de las playas y de la Zona Federal Marítimo Terrestre.

La dependencia señaló que continuará con las acciones de vigilancia en Sayulita y otros puntos del litoral de Nayarit, particularmente para atender denuncias ciudadanas, detectar posibles ocupaciones irregulares y actuar ante obras, actividades o aprovechamientos que pudieran contravenir la legislación ambiental y las disposiciones aplicables a los bienes nacionales.