Zacatecas, Zac.- La ex gobernadora Amalia García acudió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado a solicitar su intervención, para que “se revise y garantice la legalidad del procedimiento” en las auditorías que la Contraloría Interna realiza a su administración, al considerar que el contralor Guillermo Huízar “ha faltado a la verdad” y ha actuado “con desaseo y falta de profesionalismo”.

Por su parte, en un comunicado, el contralor consideró que el cambio de estrategia jurídica de la ex gobernadora y acudir a otras instancias “es un acto de desesperación porque el Poder Judicial de la Federación (PJF) no le ha dado la razón”.

Incluso, aseguró que este día el juez segundo de distrito en el estado de Zacatecas le negó de manera definitiva otro de los amparos interpuestos por García Medina y afirmó que literalmente “la autoridad consideró mala la argumentación jurídica en su demanda de amparo”.

Antes de ingresar a esta nueva instancia acompañada por uno de sus abogados, Santiago Montero, la ex mandataria precisó que, hasta el momento, sólo ha interpuesto dos amparos: uno en contra el apercibimiento que le hizo el contralor, y otro en contra del acto donde “se le tenían por aceptados los hechos que el contralor dio a conocer”.

Aclaró que la negativa del juez que recientemente se emitió jamás ha confirmado la legalidad de algún acto de la Contraloría, sino que la suspensión definitiva no se concedió “porque el contralor informó oficialmente que no tuvo por admitidos los hechos”.

“Ante la opinión pública el contralor dice una cosa y ante el juez afirma otra completamente distinta”, agregó.

García dijo que se ha recurrido a los tribunales para exigir se respeten las garantías al procedimiento administrativo y con el objetivo de que el contralor Guillermo Huízar Carranza entregue respuesta a la solicitud que presentó por escrito como los marca el artículo 19, fracción IV de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Reiteró que el contralor “no ha garantizado la certeza mínima” al procedimiento que le inició la Contraloría del gobierno del estado, ya que no ha dado respuesta formal a la solicitud por escrito que hizo desde el 13 de enero, sobre el plazo para contestar de acuerdo al artículo 228 del Código de Procedimiento Civiles del Estado.

Amalia García señaló que desde un principio el contralor “la juzgó” ante la opinión pública y ahora anuncia que en la tercera semana de marzo la sancionará, al dejar en claro que eso también sería ilegal, porque se pasaría por alto el desarrollo de una audiencia de pruebas y alegatos.

Aprovechó para referir contradicciones en las solicitudes de información que solicitó al gobierno del estado, ya que las respuestas están sin información, incluso, reprochó que en la cuestión del crédito bancario con Banamex se respondió que se trataba de “información reservada, cuando las autoridades han hecho publico este tema”.

Mientras García y su abogado insisten que el contralor “tiene prisa por sancionar” a la ex mandataria, Guillermo Huízar señaló que “la actitud desafiante” de la ex gobernadora es para “evadir su responsabilidad ante la historia y la sociedad de Zacatecas”.

El funcionario acentuó que no hay posibilidad para el acuerdo político, ya que el gobierno de Miguel Alonso Reyes ha instruido “llegar hasta el fondo” y que “se actúe con toda firmeza, apegados a la Ley”.