Dallas.- Jefes de policía de todo Estados Unidos rechazan asumir las tareas que les imponen nuevas legislaciones antiinmigrantes estatales, según un reporte emitido esta semana por un grupo de investigación que provee servicios a comandantes de policía.

Según el reporte del Foro Ejecutivo de Investigación para Policías, con sede en Washington, una buena parte de los departamentos de policía del país (PERF) demandan una política clara de división de funciones entre combate a la delincuencia local y lucha federal a la inmigración indocumentada.

Jefes de policía consultados por el PERF para la elaboración del reporte, recomendaron el prohibir claramente que se detenga a personas con base a su estatus migratorio y que se refuercen los estatutos para proteger a víctimas y testigos sin importar su condición de inmigrantes en este país.

Jefes de distintos departamentos de policía, expresaron su preocupación a ser forzados a aplicar leyes migratorias, una tarea que hasta hace poco estaba limitada a agentes federales de inmigración, debido a que erosiona los lazos de la policía con la comunidad de inmigrantes.

Los comandantes advirtieron a los autores del reporte, que la erosión de la confianza de los inmigrantes hacia las policías locales, puede resultar en que los crímenes no sean reportados, y que los testigos tengan miedo de cooperar en las investigaciones.

En la investigación del PERF participaron no solo los jefes de policía que abiertamente se han pronunciado en contra de las nuevas leyes antiinmigrantes, como los de Phoenix y Los Ángeles, sino también otros que comparten dichas preocupaciones.

El reporte deja claro qué tan extendida esta la preocupación por este asunto entre los jefes de policía de ciudades como Salt Lake City, Topeka, Kansas, Elgin y Peoria, Illinois, Framingham, Massachusetts, y Miami, los cuales colaboraron para la investigación del PERF.

Arizona encabeza a las entidades que han comenzado a emitir leyes donde se ordena a policías locales detener a personas sospechosas de violar leyes migratorias al promulgarse la Ley SB 1070 en abril de 2010.

La ley autoriza a policías estatales y locales cuestionar a cualquier persona que sea detenida sobre su condición migratoria con base solo a una “sospecha razonable” de que la persona pudiera ser un inmigrante indocumentado.

El gobierno federal interpuso una demanda en contra de la SB 1070, al argumentar que la ley federal en la materia debe prevalecer sobre la ley estatal. En respuesta a la demanda, una juez federal ordenó la suspensión temporal de puntos claves de la SB 1070.

La posición del gobierno federal en este asunto, no ha impedido que otras legislaturas estatales, estén considerando aprobar iniciativas similares a las de Arizona, como Georgia, Utah, Indiana, Kentucky, Mississippi, Carolina del Sur y Nebraska.

Ante el panorama de una nueva serie de legislaciones a antiinmigrantes, los jefes de policía recomendaron que se establezcan nuevos estatutos que prohíban explícitamente el arresto de personas con base solo a su condición migratoria.

En el reporte del PERF recomendaron además promover que los departamentos de policía apliquen políticas que refuercen la protección de los derechos de la sociedad civil, independientemente del estatus migratorio de las personas.

Los comandantes de policía sugirieron también a las autoridades federales de inmigración el separar en sus bases de datos, las órdenes de aprehensión por delitos migratorios, de las otras basados en conductas criminales y antecedentes penales.

Las recomendaciones contenidas en el reporte, chocan con acciones como las que se realizan en Texas, donde el gobernador Rick Perry, ha solicitado poner fin a la denominada práctica de “ciudades santuario” con la cual algunas comunidades amparan a indocumentados.

Perry designó como asunto de emergencia para la legislatura estatal el sancionar a los gobiernos locales que no aplican las leyes de inmigración, al prohibir a sus policías y demás autoridades cuestionar a las personas sobre su estatus migratorio o reportar indocumentados.