México, DF.- La Comisión Federal de Electricidad destapó ayer una cloaca que puso al descubierto una red de corrupción que involucra a por lo menos 18 jueces de Sinaloa y a 60 funcionarios de la paraestatal.

Todos ellos están relacionados con actos fraudulentos en el estado de Sinaloa que les habría dejado pérdidas a la CFE por mil 320 millones de pesos por derechos de servidumbre de paso, es decir, para instalar líneas de transmisión eléctrica.

Una auditoría del Gobierno federal detectó que dichos pagos se hicieron en 232 juicios registrados entre el 2008 y el 2010, y eran resultado de fallos de jueces que no tenían competencia para resolver procedimientos federales y de abogados de la CFE que perdieron intencionalmente los pleitos.

Tras esta investigación, la PGR capturó a José Raymundo Soto Conde, juez mixto de primera instancia en Mocorito; Francisco Ladislao Rodríguez Retes, apoderado de la CFE, y Martín López López, perito en topografía y valuación.

Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, reveló anoche que el ex director de Operación de la CFE y prófugo de la justicia Néstor Moreno Díaz, es investigado por este caso, pues su área estuvo enterada de estos ilícitos y gestionó ante la Dirección de Finanzas los pagos fraudulentos.

“Reforma” informó el pasado 3 de enero que la paraestatal preparaba acciones legales en Sinaloa, donde diversos jueces le ordenaron indemnizar con montos millonarios a particulares, en forma indebida, por el tendido de líneas eléctricas en predios ajenos.

El subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Irving Barrios, informó que en total se han presentado 131 denuncias.

Precisó que por ahora los únicos detenidos y procesados son los tres implicados antes referidos, por delitos contra la administración de justicia, ejercicio indebido del servicio público y falsedad en declaraciones judiciales.

La investigación arrojó que el abogado Rodríguez Retes litigó ante el juez Soto Conde un total de 102 asuntos, donde la CFE fue condenada al pago de mas de 200 millones de pesos. Más de la mitad de estos juicios fueron resueltos entre uno y dos meses.

En todos los juzgados sinaloenses que son investigados, se encontraron notificaciones indebidas de los jueces y un abandono de los abogados de la CFE que dieron lugar a que el 97% de las sentencias no fueran impugnadas.